El aumento del sueldo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha convertido en el centro de todas las críticas. Los 400.000 euros brutos al año suponen un sonrojo con la situación económica que se está viviendo en el país. Y más cuando prácticamente todos los presidentes de organizaciones de empresarios de ámbito autonómico realizan su función sin retribución económica, a diferencia del máximo responsable de la patronal CEOE, 'su jefe' que se ha subido el sueldo un 8,5% más.

En el caso de CEOE-Castilla y León, su presidente, Santiago Aparicio, tampoco tiene un sueldo asignado. Eso sí, cobra los gastos de representación con kilometraje, alojamiento y otros gastos como suele ser habitual entre los máximos dirigentes autonómicos. Solo hay un caso que rompe con la tendencia, el presidente madrileño Miguel Garrido, que en concreto cobra 139.956,65 euros.

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Al igual que Santiago Aparicio en Castilla y León, está confirmado que no reciben asignación Miguel Marzo Ramo, de la patronal aragonesa, María Calvo, de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Carmen Planas, de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB); Isabel Busto, de la Confederación Empresarial Vasca Confebask. En el caso de la patronal cántabra, su presidente, Enrique Conde, no lo hace porque existe un artículo de su Estatuto que establece que el cargo sea gratuito. El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, tampoco lo hace. En la patronal catalana Foment del Treball, su presidente, Josep Sánchez Llibre, no percibe remuneración, ni tampoco gastos de personal. Tampoco el responsable de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, al igual que el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, el de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (CROEM), José María Albarracín, y Juan Miguel Sucunza de la Confederación Empresarial Navarra.

No hay que publicarlo

Hay que recordar que la ley de transparencia del Estado excluye estas relaciones contractuales de una exigencia de ser publicadas, si bien algunas comunidades tienen colgada en su portal de transferencia la información económica y contractual. En la página web de CEOE Castilla y León no se encuentran los datos.