La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (d), en una rueda posterior a un Consejo de Ministros.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (d), en una rueda posterior a un Consejo de Ministros. Jesús Hellín Europa Press

Economía

El Gobierno autoriza el reparto de 50 millones para el reto demográfico, casi 10 asignados a Castilla y León

La distribución se deberá someter a la ratificación de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico

30 agosto, 2022 17:13

El Consejo de Ministros autorizó hoy la distribución territorial de más de 50 millones de euros para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico. Así, se consignan 40 millones de euros para iniciativas ligadas a la bioeconomía y 15,7 millones de euros destinados a impulsar acciones de dinamización territorial cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial, en cuyo reparto Castilla y León es la comunidad que más fondos recibe, con 6,7 y 3 millones, respectivamente, según informa la agencia Ical.

Los 40 millones de euros para actuaciones en bioeconomía se centrarán en proyectos que incentiven en los municipios el uso sostenible de los recursos forestales, generen empleo y revaloricen el territorio en su área de influencia. Asimismo, también deberán garantizar los beneficios sociales que generará la iniciativa. Las actuaciones de los proyectos seleccionados deberán iniciarse antes del 30 de junio de 2023 y estar ejecutadas el 31 de mayo de 2026. Ambos repartos de fondos deberán someterse a la ratificación de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico.

La distribución de los 40 millones, de los que se asigna a Castilla y León 6,7 millones, tiene una cantidad fija de 600.000 euros a todas las comunidades, y variables como la densidad por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pérdida de población y superficie forestal.

De este modo, las propuestas financiadas deberán orientarse al aprovechamiento silvícola, la ganadería extensiva, y a producciones forestales sostenibles como las de corcho, resina, biomasa, aceites, piñón, castaña, setas, trufas, apicultura, plantaciones medicinales, apicultura o plantaciones medicinales.

También serán financiadas iniciativas de turismo sostenible y compatible con la conservación del medio forestal, promoción de la capacitación en el ámbito forestal o la creación y fortalecimiento de Pymes que desarrollen líneas de trabajo sobre aprovechamiento y protección del medio forestal.

Además, serán cubiertas por la convocatoria las labores de restauración de zonas que hayan sufrido incendios forestales, siempre que favorezcan la recuperación de la actividad económica, se localicen en zonas vulnerables a la despoblación, respeten la recuperación ecológica del ecosistema e incorporen la dimensión del beneficio de la actuación para la población local.

Fondo de Cohesión Territorial

Por su parte, la distribución de 15,7 millones de euros a comunidades prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se gestionará mediante el Fondo de Cohesión Territorial (FCT), un instrumento clave que permitirá articular un modelo de cooperación interadministrativa y financiar iniciativas que generen oportunidades en el territorio.

Así, con esta distribución de fondos se avanza en la consolidación de la política pública de reto demográfico reforzando la gobernanza en tanto que se hace partícipes de la misma a las comunidades autónomas, según el Gobierno.

Tras la primera distribución de fondos efectuada en 2021 para proyectos singulares, de carácter lineal, en este ejercicio se aumenta la dotación respecto a la anterior distribución conforme a las disponibilidades existentes, pasando de 11,7 a 15,7 millones. En este apartado, Castilla y León contará con algo más de tres millones.

Los criterios de distribución, acordados con las comunidades y ciudades autónomas tanto en su identificación como en el peso relativo de cada uno, permiten vincular la distribución de fondos con las principales dimensiones de la cohesión social y territorial, abarcando la dimensión demográfica, pero también la socioeconómica.