El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se establecen directrices vinculantes para impulsar la responsabilidad social mediante una ejecución eficiente del gasto destinado a contratos públicos y subvenciones. De esta manera se pretenden obtener prestaciones de calidad que fomenten la integración social, premiar el esfuerzo de las empresas comprometidas con la responsabilidad social y contribuir al asentamiento de la población.

A través de este acuerdo se cumplen dos de los objetivos recogidos en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León firmado el pasado el 17 de junio de 2020, en los que se acordó reforzar la responsabilidad social en el gasto público e impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la Comunidad con la calidad de empleo y la incorporación laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos.

La contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para conseguir objetivos sociales fue asumida por la Junta de Castilla y León con la aprobación del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, y significó un paso importante en la integración de un segmento de población desfavorecida. Posteriormente, la Junta aprobó el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, con el objetivo de incrementar la eficiencia del gasto público y utilizar mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.

Este nuevo acuerdo incorpora consideraciones sociales en contratos y subvenciones, esto es, aquellas que contribuyan a garantizar que se cumplen las obligaciones en materia social y laboral, al tiempo que aporten valor social al gasto público mejorando las prestaciones contratadas o incrementando el beneficio social de las subvenciones.

Estas consideraciones se refieren, entre otras, a las relacionadas con:

• Contratación de personas con discapacidad por encima del porcentaje que exige la legislación nacional
• Contratación o subcontratación con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, entidades y empresas de inserción
• Favorecer el acceso a la contratación a las pequeñas y medianas empresas
• Eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer
• Disminución del desempleo de los colectivos con más dificultades de acceso al mercado de trabajo: mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas y culturales, destinatarios de renta garantizada de ciudadanía u otras prestaciones económicas de similar naturaleza y, en general, personas en situación o riesgo de exclusión social
• Incremento de la accesibilidad para personas con cualquier tipo de discapacidad y mejora de la accesibilidad
• Impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar por encima de los mínimos legalmente exigidos
• Prevención de la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo
• Promoción de la estabilidad en el empleo
• Fomento de la adquisición de productos agroalimentarios de calidad y de proximidad
• Inclusión de los principios de responsabilidad social empresarial como el suministro de productos de comercio justo y las medidas que tiendan a garantizar una cadena de suministro responsable que respete los derechos laborales básicos de los trabajadores