Hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura el curso académico en Burgos "sacando pecho y obviando la realidad de las aulas en Castilla y León", en palabras de los responsables del sector de la Enseñanza de UGT en Castilla y León.

La gran damnificada del "supuesto acuerdo beneficioso" firmado por la Junta y algunas
organizaciones sindicales, y al que UGT se opuso, pese a que "lo vendieron como la panacea de la Educación", de acuerdo con el sindicato, es la atención a la diversidad. Para UGT, "no solo se ha demostrado que ha sido un Acuerdo trampa, sino que discrimina a los profesionales que lo imparten y especialmente al alumnado que ellos atienden".

De hecho, con el citado Acuerdo, se ha reducido la plantilla de los centros de 13.000 maestros (curso 19/20) a 12.700 (curso 22/23) cuando, según denuncian los responsables del sector de UGT SP CyL, aseguraban que, gracias a él, "iba a aumentar el número de puestos". Además, estos 300 maestros menos tienen que atender al mismo número de alumnos.

Por eso, desde UGT remarca: "¿Quién pierde? Los alumnos de atención a la diversidad, aquellos que tienen necesidades específicas, aquellos que necesitan una atención individualizada, con dificultades de lectura, etc".

Además, "los equipos de orientación educativa son los otros profesionales olvidados por la Junta de Castilla y León, ya que ni la propia Consejería de Educación ni el resto de las organizaciones sindicales han reparado en ellos a la hora de incluirlos en el maravillo Acuerdo", afirma el sindicato en un comunicado.

Desde UGT explican que "estos docentes, que se encargan de labores tan importantes como la valoración, diagnóstico y detección de las dificultades del alumnado de Castilla y León, así como el trabajo con las familias más vulnerables, no han recibido ninguna mejora en sus condiciones laborales".

Tampoco se ha implementado en Castilla y León la figura obligatoria del Coordinador de bienestar que, desde UGT, han venido reclamando desde su creación pese a que otras CCAA sí que lo han hecho. Por eso, para el sindicato, "la Junta de Castilla y León, otra vez más, no ha llegado a tiempo porque esta figura mejora la convivencia en la comunidad educativa, en las aulas, ya que actúa sobre situaciones de violencia, acoso y maltrato, tan importante a la hora de trabajar desde edades tempranas”.