Hoy España, para muchos españoles, sólo es patria de expatriados, y un solar donde peligra por primera vez, desde la Transición, la democracia.
Una democracia fallida que rechaza la regla básica de la separación de poderes, el judicial, se quiere controlar por un caudillo que hunde sus pezuñas en la peor parte de la historia que sufrimos, la Guerra Civil, utilizada para separar el cuerpo electoral y legitimar a una izquierda predemocrática, que goza del apoyo de partidos independentistas, que fomentan la desigualdad territorial.
Una democracia en manos de políticos incapaces de reducir el paro (Eurostat 2021, el 13%, sin contabilizar los fijos discontinuos, frente al 7,1% en la zona euro y el 6,5 en la UE); el abandono escolar (Eurostat 2020, el 16% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años no habían completado la secundaria, la media comunitaria se quedó en un 9,9%); el número de políticos (400.000 incluyendo asesores y cargos de confianza, frente a 200.000 Francia e Italia y poco más de 100.000 Alemania, según el Economista. es); ni la deuda pública 120 en España frente al 85,8 en la zona euro (en 2020 en relación con El PIB según el Statista).
Con un presidente Sánchez al que le hicieron la tesis doctoral, motivo suficiente para obligarle a dimitir en cualquier país con democracia avanzada, que ha emponzoñado y puesto a su servicio, la mayor parte de las instituciones del Estado: Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Estadística, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Patrimonio Nacional, Televisión Española, y que elabora leyes para pagar votos a sus socios de gobierno (reforma del Código Penal) y que polariza la vida pública recurriendo al sectarismo y ataca la libertad de prensa.
Todas esas manifestaciones de autoritarismo, en un presidente que, ilegalmente, cerró el Congreso de los Diputados en dos ocasiones, y gobierna a golpe de decretos Ley (ha emitido 133), y lanza continuas cortinas de humo para no abordar los temas que preocupan a la ciudadanía y que tiene que ver, por su mala gestión, con el encarecimiento de los costes de la vida (cesta de la compra, gasolina, gas, comunicaciones, impuestos, precio de la vivienda), con el deterioro de la sanidad, la seguridad, la educación y los servicios sociales y con la pérdida de imagen e influencia como país en el ámbito europeo e internacional.
Contemplamos desde fuera cómo surge en nuestro país una sociedad cada vez más políticamente enfrentada, con unos medios de comunicación audiovisuales controlados por el ejecutivo, y una pérdida de independencia profesional por parte de los periodistas, y la aparición de unos ciudadanos acomodados y despreocupados ante la deriva autoritaria de nuestros políticos, dado que escuelas y universidades no producen personas libres, con derechos y responsabilidades, con capacidad de análisis y consciencia de que la peligrosidad del momento que atravesamos, exige su compromiso personal para sanear la vida pública y promover la ética en la política, y con suficiente preparación y competencia para abordar los retos enunciados.
En definitiva, echamos en falta un país que políticamente mire hacia el futuro y no hacia el pasado, que sea capaz de procurar una educación que nos saque de los niveles de mediocridad que presentamos en los informes PISA 2018, (uno de los países donde menos se fomenta y se usa la tecnología y los dispositivos digitales en la enseñanza y que tanto en Ciencias (483) como en Matemáticas (481) queda por debajo de la media, no de los mejores, de los países de la OCDE (489).
Un país que fomente la iniciativa empresarial y la creación de empresas y que acabe con el ideal laboral, en los jóvenes, de ser funcionario, que se comprometa con la creación de empleo, y donde las Administraciones públicas, no sean los principales empleadores en muchos pueblos y ciudades.
Un país donde se respete el juego democrático y la división de poderes, sin interferencias políticas, y donde se llegue a acuerdos, que no consensos, que favorezcan a la gran mayoría, y donde la Justicia sea rápida y las penas efectivas, y donde sea el mérito y ojalá el sorteo, con variables de control, sirvan para elaborar las listas, y donde cada voto valga igual, y donde para acceder al Congreso se exija un mínimo de representación del 3% en todo el país, y donde los diputados sean obligados a escuchar y confrontarse con los ciudadanos en sus distritos.
Un país preocupado por la ecología, con presupuesto y poder para atraer a expatriados, para adoptar aquellas cosas que funcionan mejor en otros países, y donde el ejercicio de la política quede desterrado como profesión y se convierta en un servicio público del que no se pueda vivir más de ocho años. Así quizás España dejará de ser un lugar cada vez más extraño y una patria lejana productora de expatriados.