Otra cosa es que no quiera o que no se atreva, lo cual, vistos los precedentes del 9N de 2014 o del 1-O de 2017, cabe perfectamente dentro de lo posible. Sin embargo, el texto aprobado por el Senado el 27-O de 2017, por una mayoría no absoluta sino abrumadora, fue muy contundente y dio plenos poderes.
El Senado, en primer lugar, asumió el análisis que el Gobierno le había presentado que constataba que “los gobernantes de Cataluña no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asistenta nuestra democracia, ni el interés general al que nuestras leyes responden.” En segundo lugar, aprobó medidas en las que señalaba que “la Administración de la Generalitat de Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación en sustitución de aquéllos” y les daba poder para “el ejercicio de las competencias y funciones asumidas” y para acordar el nombramiento, el cese… con asunción de las funciones correspondientes, de autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña”.
El propio Gobierno de la Nación, el sábado 28 de octubre mediante Real Decreto 944/2017, designó “como órganos habilitados para la efectiva aplicación…al Presidente del Gobierno, Vicepresidenta, Consejo de Ministros y Ministros como titulares de sus Departamentos, expresando que se les atribuía como fines, dentro del marco autorizado por el Acuerdo del Senado, … ejercer las actuaciones necesarias para garantizar que la Administración y el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al Orden constitucional y legal vigente, asegurando la neutralidad institucional”.
Por tanto, los órganos habilitados existen y tienen poder para adoptar las disposiciones, actos, acuerdos y resoluciones que fueran necesarios para el cumplimiento del fin principal del 155 que es defender y restablecer la primacía del interés general.
Algunas medidas firmes se tomaron como fueron la orden inmediata, mediante Real Decreto del propio día 28 de octubre, de extinción de las “embajadas catalanas en el extranjero”. Sin embargo, no se tiene noticia de que se haya dado orden general de cumplimiento inmediato de las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo. Tampoco se ha dado orden ninguna de que se revisen y modifiquen de inmediato todas las órdenes, circulares internas y prácticas que permitan o promuevan el adoctrinamiento antiespañol o la marginación del castellano, ya que ninguna ley ni estatal ni autonómica ampara explícitamente la discriminación del castellano ni puede constitucionalmente ampararlo.
¿Se han dado instrucciones para que sean identificados y expedientados, en su caso, los directores de colegios que colaboraron con el 1.O? ¿Se va a suspender, en tanto no se acuerda su supresión definitiva, la imposición de multas por rotular sólo en castellano? ¿Se va a dar orden de que las calles se rotulen en su lado derecho en catalán y en su lado izquierdo en castellano o viceversa? ¿Se va a dar orden que se aplique de inmediato la ley de banderas y que la bandera española se ubique en el lugar preferente que le corresponde? ¿Se va a bloquear el pago de todo gasto ilegal que haya promovido el independentismo? ¿Se han revisado ya las subvenciones concedidas para garantizar que se usan con diligencia y que contribuyen a la convivencia de democrática que establece el preámbulo de nuestra constitución? ¿Se van a realizar actos de desagravio a las FCSE y de reconciliación y colaboración entre ellas y los Mossos? ¿Se van a organizar patrullas conjuntas para que esa colaboración se ponga de manifiesto? ¿Cómo es posible que el juez instructor haya tenido que enviar a la Guardia Civil al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat porque este no aportaba la información que se le había solicitado? ¿No depende acaso el CTTI de la Vicepresidenta del Gobierno? Etc.
En suma, los medios que tiene el Gobierno son más que suficientes para aplicar las medidas que autorizó el Senado. Dentro de la normativa estatal y autonómica vigente, el Gobierno cuenta con un margen amplísimo para actuar. Hágase. Es lo que, en particular, los políticos, militantes y votantes del PP están pidiendo a Rajoy, pero sobre todo lo que una gran mayoría de ciudadanos de derecha e izquierda deseamos que se haga, por el bien de España a fin de caminar hacia ese gran objetivo que nos marca el preámbulo de nuestra Constitución, la convivencia democrática.