Opinión

Cataluña también es España

Mariano Rajoy junto a Carles Puigdemont en una reunión en Moncloa.

Mariano Rajoy junto a Carles Puigdemont en una reunión en Moncloa. EFE

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Me van a permitir que hable sobre un gran problema nacional. Se trata de uno de tantos, pero es uno sobre el que hay mucha desinformación, de rigurosa actualidad y sobre el que todos deberíamos  opinar. Y es que, como una vez oí decir a un gran filosofo español, Fernando Savater, salimos a la calle y hacemos grandes y efectivas manifestaciones por recortes o por injusticias, por la privatización de la sanidad pública, por el detrimento de nuestra educación pública y por otros muchos motivos, pero nos quieren recortar nuestro país, nos quieren quitar un trozo de España… y no hacemos nada. Y sí que se puede.

Se puede reclamar la renovación de la Constitución Española y la aplicación de todos sus artículos. Porque es un hecho que la mayoría de instituciones se saltan lo que se firmó y votó por la mayoría de los españoles en 1978.

Valga un ejemplo. Tomemos el artículo 155 de la Constitución Española, que dice así:  "1) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2) Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Este artículo de nuestra Carta Magna viene a decir que el Gobierno de España puede, y en estos momentos debe o debería, tomar la iniciativa de dirigirse al presidente de la Generalitat de Cataluña y negarle la pregunta que quiere someter a referéndum (otra vez). Es más, ese referéndum solo puede autorizarlo el presidente del Gobierno de España con la aprobación del rey Felipe VI. Además, este artículo permite suspender la autonomía de una comunidad si atenta gravemente al interés de España o no cumple con sus obligaciones constitucionales.

Un primer paso que Rajoy podría dar es que el Estado asumiera el control de los Mossos d'Esquadra –la policía autonómica catalana– para evitar que contribuyeran de cualquier modo a la realización de una consulta inconstitucional. De ahí las dimisiones esta semana: la del director de los Mossos d’Esquadra, la de su jefe político y la del director del 112. Otra posible actuación haría que el Gobierno administrara directamente el dinero que entrega a Cataluña, para garantizar que se gasta en servicios como sanidad y educación y no en otras cosas como consultas ilegales y embajadas ostentosas.

El presidente del Gobierno dispone de margen legal para hacer frente ya al president catalán, Carles Puigdemont. También puede instar a la Fiscalía General del Estado para que advierta a Puigdemont del carácter delictivo de sus actuaciones y, en caso de continuar, abrir una causa judicial contra él por usurpación de atribuciones, según el artículo 509 del Código Penal, que podría suponer su inhabilitación como cargo público.

Herramientas hay para poder parar el atropello a los derechos de los españoles, pero quien tiene que aplicar la ley y la Constitución se lo piensa demasiado; mientras tanto, tenemos como diputados nacionales quienes no quieren que su autonomía forme parte de España. Pretenden que les regalemos las autopistas y los aeropuertos que se han pagado con el dinero de todos nosotros y, lo peor, es que hasta ahora los Gobiernos, ahora del PP y antes del PSOE, se lo están consintiendo.

En cuanto a la comparación con la consulta en Venezuela recientemente y que tantos comparan con España. Hay diferencias significativas, como que en Venezuela ha votado todo el país, incluso venezolanos que ahora viven en otras partes del mundo, y que en Venezuela esta consulta es válida pues su constitución así lo reconoce en su artículo 70. 

En España un referéndum es ilegal y por mucho que se repita no se va a volver legal, hay que cambiar la Constitución para ello.