Hace unas semanas asistí junto a otros compañeros al Congreso de los Diputados para seguir el debate de una Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista, relativa al incumplimiento de la Ley 14/2011, de la Ciencia, Tecnología e Innovación. La ponente de la misma, María González Veracruz, tuvo que volver recordarle al gobierno que tiene un deber inexcusable de cumplir la Ley vigente. Una Ley que fue aprobada con el voto afirmativo unánime del Partido Popular y que viene siendo incumplida por el gobierno desde su entrada en vigor. En este caso el artículo vulnerado era el 25, que dispone que a partir del 1.1.2014 todos los científicos de plantilla que dependen directamente del Estado tendrían que pasar a cobrar una parte significativa de sus sueldos en función de sus méritos científicos y tecnológicos, evaluados por comisiones externas. Aquéllos que, tras la evaluación de sus méritos, no alcanzasen a computar el sueldo que actualmente cobran, dice la Ley, obtendrían un complemento transitorio para que nadie sufriera merma en sus retribuciones anuales.
A favor, en el Congreso
Todos los grupos, desde el PP a Podemos, parecían estar de acuerdo en aprobar la PNL que instaba al gobierno –genéricamente- a cumplir la Ley en el plazo de tres meses, lo que implicaba que tenía que promulgar un Real Decreto (RD) incluyendo los criterios de evaluación. Miel sobre hojuelas, hasta que Cs introdujo una enmienda de adición que acotaba la inactividad del Gobierno: mientras el gobierno siga sin cumplir la Ley vigente, los científicos que así lo soliciten podrán ser evaluados conforme a los mismos criterios y procedimientos que se aplican actualmente a los investigadores del CSIC. El portavoz del PP, visiblemente contrariado, anunció su voto en contra si el PSOE no rechazaba incorporar la enmienda de Cs como parte de su PNL. La enmienda de Cs elevaba el coste de la foto para el PP, puesto introducía exigencias concretas e inmediatas que, de cumplirse, obligarían al gobierno a mover ficha exactamente en dirección contraria a la que realmente se estaba cociendo en los despachos ministeriales, a la que nos referiremos posteriormente. Pero el PSOE dijo que no, que la enmienda de Cs se incorporaba a su PNL y se votaría conjuntamente. Su aprobación estaba asegurada y la única opción del PP era sumarse a la mayoría o posicionarse contra una PNL que exigía al Gobierno cumplir una Ley vigente y evaluar inmediatamente a los solicitantes evaluando los méritos científicos de los solicitantes aplicando los criterios ya existentes y ser derrotado en el empeño por toda la oposición. Demasiado con la que está cayendo. Un par de llamadas y llegó la autorización de la superioridad para votar a favor de la PNL enmendada. Aprobada por unanimidad. Después se nos dijo con la boca pequeña que eso no significaba nada, pues decenas de PNLs aprobadas por el Congreso iban semanalmente a la papelera del olvido.
Contra la Ley y la Constitución, fuera
El problema de acostumbrarse a incumplir las Leyes y acuerdos es que se acaban vulnerando los derechos esenciales de los ciudadanos. Tenemos derecho a la seguridad de que las Leyes aprobadas por el órgano de la soberanía nacional van a aplicarse, o bien cambiarse o derogarse. Tenemos derecho a que se nos apliquen las leyes a todos por igual; a que no nos traten de forma arbitraria. Al menos el art. 14 y el art. 9 de la Constitución tienen que ver con ello.
Una pregunta al gobierno presentada por el grupo parlamentario de Cs, aún no respondida por escrito, deja bien a las claras que el gobierno está haciendo lo contrario de lo que dice (miente); está tratando de forma desigual a personas que se encuentran en el mismo supuesto legal (discrimina) y actúa según le va pareciendo (con arbitrariedad). O sea, la Constitución, como las Leyes y las PNLs, también es soslayable. Y, como dijo S.M. El Rey, en el mismo Congreso, el día siguiente a la votación “Fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición e inseguridad”. Ese ha sido el sino de los científicos afectados durante el último lustro.
¿Huida hacia adelante?
Es claro que este dislate no puede ocultarse a todo el mundo durante todo el tiempo y, en las últimas semanas, se han sumado a la lista de los que deploran estas prácticas más de 1300 científicos del CSIC y de las Universidades. Y 34 sociedades científicas de toda España. Por su parte, el colectivo organizado de solicitantes, la Plataforma 5s6s, engloba a un 50% de afectados por el atropello.
Dado lo insostenible de la situación, que ya es de conocimiento público, en las últimas semanas parece que asistimos a una nueva estrategia por la que se pretendería dar cumplimiento a la Ley, en las formas, pero eludiendo el mandato y el espíritu del legislador. Ciertamente, el gobierno ya no puede seguir atendiendo a un influyente sector del partido que lo sustenta, decidido a mantener la Ley bloqueada sine die, pero sí podría establecer, por Decreto, que los organismos son libres para constituir comisiones internas que puedan excluir, si lo estiman conveniente, en las evaluaciones los criterios relativos a méritos científicos y docentes que rigen en el CSIC, que es la institución que la propia Ley establece explícitamente como referencia a seguir. Ello significaría que se ha renunciado a encontrar una solución inclusiva, que asegure tanto la incorporación de méritos científicos como de méritos tecnológicos y de asesoría, en las evaluaciones de los denominados ‘quinquenios de investigación’. Estaríamos ante un Decreto que sostiene lo contrario de lo que el PP voto el 27 de junio en el Congreso. Una huida hacia adelante que, de producirse, a buen seguro traería más inconvenientes que ventajas.