El problema viene de raíz, y ya hace muchos años un veterano dirigente político advirtió que en España nos habíamos empeñado en matar la obra del barón de Montesquieu El Espíritu de las Leyes, en referencia a la separación de poderes. Y parece que sigue siendo así, porque mientras figuras como el Fiscal General del Estado o el Fiscal Anticorrupción no sean elegidas de una manera más democrática, por el voto del Parlamento por ejemplo, estaremos expuestos a que la máxima autoridad fiscal actúe a conveniencia del Gobierno.
Y así ha vuelto a ocurrir con el Fiscal Anticorrupción Moix que sólo ha accedido a dimitir cuando se ha visto contra la espada y la pared por las informaciones reveladas por algunos medios de comunicación, sobre la existencia de sociedad Offshore a su nombre en el paraíso fiscal Panameño. Lo de Moix ha sido tan escandaloso como ver al zorro que guarda las gallinas y que se empeña en seguir en el corral. El ya exfiscal se ha visto obligado a dimitir, no por la exigencia del ministro de Justicia, que ha navegado intentando sortear las rocas contra las que se iba a estrellar su Ministerio, ni por la del presidente del Gobierno, que a preguntas de un periodista se limitaba de responder "sí" con la elocuencia y brevedad con la que nos tiene acostumbrados a la pregunta de si seguía confiando en el Fiscal Anticorrupción, para pocas horas después sea desautorizado por la vicepresidenta para todo cuando aludía a que al Gobierno no le compete hacer valoraciones sobre la Justicia.
Las conversaciones grabadas entre el ahora reo Ignacio González y Eduardo Zaplana, (que desde el caso Naseiro se libra de todas) considerándolo un fiscal “cojonudo” para el cargo, hacen ver hasta qué punto políticos del Partido Popular, están interesados en el control de los órganos de Justicia. La entrevista que la hace Ángels Barceló a Maza en la SER y sus posteriores declaraciones hasta su dimisión “por motivos personales” y las declaraciones del Fiscal General hacen ver hasta qué punto se patrimonializa el poder Judicial, llegando el Fiscal General a actuar casi como un portavoz del Gobierno, cuando dice que "no había ni existen motivos" para el cese de Moix; que "sería de justicia" que siguiese ocupando "el cargo que ha ejercido con plena satisfacción"; o que no ha cometido ningún tipo de "irregularidad ni ilegalidad"...
El verdadero responsable y el que debería presentar su dimisión es el ministro Catalá, garante último de la probidad de todos los funcionarios de su ministerio, pero es el mismo el que echó la soga al cuello tras nombrar al Fiscal Maza tras la negativa de Consuelo Madrigal a tragar con los intentos de “remover” a fiscales beligerantes con casos como la Operación Lezo. Sigue al mando de la cartera de Justicia un ministro reprobado por el Congreso. Montesquieu se retuerce en la tumba.