Maricarmen poco antes del desahucio.
Francia vuelve a arder. Coches quemados, calles convertidas en campos de batalla y una policía desbordada ante una violencia que ya no sorprende a nadie, pero que sigue sin abordarse con claridad. Se habla de protestas estudiantiles, de malestar social, de desigualdad. Todo eso existe. Pero evitar el elefante en la habitación es, a estas alturas, una forma de irresponsabilidad política.
Porque lo que estamos viendo en Francia no es solo una protesta. Es el resultado de años de políticas fallidas, de negación de la realidad y, especialmente, de una inmigración masiva —y en muchos casos ilegal— que no ha sido acompañada de integración real ni de control efectivo. El resultado es visible: barrios enteros desconectados del Estado, jóvenes sin expectativas y una convivencia cada vez más frágil.
Durante años, la clase política francesa ha preferido mirar hacia otro lado. Cualquier intento de señalar el problema era rápidamente tachado de discurso incómodo o directamente silenciado. Mientras tanto, la situación se deterioraba. Hoy, cuando las calles arden, ya no basta con hablar de educación o de precios de la energía. El problema es más profundo y lleva años gestándose.
¿Puede pasar en España? La respuesta incómoda es sí.
España no es Francia. Aún no. Pero algunos de los ingredientes empiezan a estar sobre la mesa. La presión migratoria ha aumentado de forma evidente en los últimos años, con miles de entradas irregulares que el Estado es incapaz de gestionar con eficacia. A esto se suma una política que oscila entre la improvisación y el buenismo, sin un plan claro ni una estrategia a largo plazo.
Negar la relación entre inmigración descontrolada y tensión social no ayuda a nadie. No se trata de señalar a personas, sino de reconocer que cuando la llegada de población supera la capacidad de integración, los problemas aparecen. Se saturan los servicios públicos, se tensiona la convivencia y crece la sensación de abandono en determinados barrios. Y cuando esa sensación se cronifica, cualquier chispa puede prender.
Francia es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando se deja que el problema crezca sin abordarlo. Primero fueron disturbios puntuales. Luego protestas más amplias. Hoy, directamente, es una crisis estructural que pone en jaque al propio Estado.
En España aún estamos a tiempo. Pero eso exige algo que escasea: valentía política. Valentía para reconocer que la inmigración ilegal no puede normalizarse. Valentía para exigir deportaciones y cumplimiento de las normas. Y valentía para decir que la convivencia no es automática, que hay culturas que son incompatibles con Occidente.
Porque la alternativa es clara. Seguir negando la realidad, seguir evitando el debate incómodo y seguir importando problemas que otros países ya no saben cómo gestionar. Francia no es una excepción. Es un aviso.
Y los avisos, cuando se ignoran, acaban convirtiéndose en problemas.
