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El reciente adelanto electoral y la disolución de las Cortes Generales ponen punto final a lo que ya muchos consideran, sin demasiadas dudas, la peor legislatura de nuestra democracia desde 1978. Y en el ojo de este huracán institucional y social se encuentra, cómo no, la polémica Ley de Amnistía. Nos la vendieron como el bálsamo definitivo, la herramienta imprescindible e infalible para lograr esa ansiada "normalización" ciudadana en Cataluña. Pero la realidad, siempre terca, ha venido a darnos de bruces con la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar incluso el delito de malversación del prófugo Carles Puigdemont. Lejos de apaciguar las aguas, este perdón a medida ha revelado su verdadera naturaleza: no es un pacto de reconciliación nacional, sino el amargo precio a pagar por un puñado de votos para mantenerse en el poder a cualquier precio.
Basta ver la reacción del propio Puigdemont al conocer la sentencia para entender la magnitud de la farsa. Ni rastro de arrepentimiento, ni el más mínimo atisbo de acatar el marco constitucional. Todo lo contrario. El líder independentista ha aprovechado el enésimo regalo institucional para arremeter de nuevo contra los poderes del Estado, sacando pecho y prometiendo, con total descaro, que "volverá a hacerlo". ¿Dónde está entonces la pacificación? Lo único que se ha instaurado en Cataluña es un escenario de absoluta impunidad, donde quienes dinamitaron la convivencia y malversaron el dinero de todos ven validadas sus vías unilaterales y sus ataques al resto del país, sin que exista hoy la más mínima normalización real en las calles.
Cuesta comprender cómo hemos llegado a este punto de degradación, pero resulta aún más difícil digerir la posible necedad de quienes, a pesar de todo lo vivido, podrían seguir depositando su confianza en las urnas en aquellos que han orquestado este despropósito. Hablamos de un Gobierno que ha hecho de la mentira y la deslealtad su forma de hacer política. Una deslealtad palmaria a sus propios compromisos electorales, traicionando la palabra dada a los votantes; y una profunda deslealtad a la ciudadanía, sean del color político que sean, al anteponer la supervivencia personal al interés general de la nación. Es francamente desolador que se pueda plantear premiar con el voto a quienes han fraguado y normalizado alianzas con esos españoles "forzados", individuos que se declaran abiertamente enemigos de España, que no ocultan el odio hacia el resto de sus compatriotas y cuyo único objetivo político es la destrucción del Estado.
Todo esto ha venido acompañado de una deriva sumamente peligrosa que nos aleja cada vez más de lo que debería ser una monarquía constitucional y parlamentaria sana. Hemos asistido, atónitos, al favorecimiento de conductas y prácticas de evidentes tintes autoritarios. Se ha gobernado con un desprecio constante hacia el poder legislativo, puenteando a las Cortes y abusando de atajos legales, y de forma aún más grave, con un desprecio absoluto hacia el poder judicial. Se ha señalado a jueces, se ha deslegitimado a los tribunales que no aplaudían sus maniobras y se ha trabajado sin descanso para colonizar partidistamente las instituciones que debían servir de contrapeso.
Llegados a este precipicio, y a las puertas de que los españoles vuelvan a hablar, la pregunta resulta obligada y nos devuelve al título y al principio de toda esta sinrazón: Amnistía, ¿para qué? ¿Para fracturar la igualdad ante la ley? ¿Para dar alas a quienes quieren destruir nuestro país? Todo este panorama de deslealtad institucional y claudicación no es "absoluta normalidad democrática", por mucho que se empeñen en repetirlo. De hecho, esta huida hacia adelante nos lleva directamente a la brillante y certera conclusión que de manera expresa plasma el excelente artículo de Cristian Campos titulado "Sánchez nos acaba de dar a los españoles un motivo para votar por él". Como tan bien refleja el texto, el Gobierno no ha traído paz ni convivencia, sino que con sus alianzas tóxicas y sus atropellos institucionales nos ha dado a los ciudadanos el argumento definitivo: el motivo real y urgente para votar y poner fin, de una vez por todas, a la legislatura más dañina de nuestra historia reciente.
