La dictadura del pensionariado sí existe

El sistema de pensiones español no es ni solidario ni justo. Se configuró y perfeccionó en una España recién salida de la dictadura franquista y con una pirámide poblacional que permitía la estabilidad de dicho sistema.

En la actualidad, España tiene una población envejecida, al ser el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, solo por detrás de Japón. De ahí que el gasto en pensiones no haya parado de crecer, pues este se sitúa en torno al 40 % del PIB.

Es una buena noticia que seamos uno de los países con mayor esperanza de vida; empero, no tiene sentido seguir manteniendo en pie un sistema que cada vez acapara un mayor porcentaje del gasto público.

No me refiero a dejar de pagar las pensiones actuales —que algún malintencionado lo pensará—, sino a que debe llegar el momento en el que no se permita seguir añadiendo cotizantes a este sistema y comenzar, en paralelo, una transición hacia un sistema de pensiones mixto.

En Europa, países como Suecia, Noruega y Alemania ya han aplicado este sistema. Por eso, no tiene sentido que España no lo haga desde ya, cuando la generación del baby boom ya está comenzando a jubilarse.

La realidad que vive España con este problema es desesperante. La clase política ve una oportunidad de recabar votos mediante la influencia del gran nicho electoral que representan los 9 millones de pensionistas.

No se puede tachar de solidario algo que es, de facto, un impuesto. Nadie puede tomar la decisión de salirse de este sistema, pero cada vez es mayor el número de personas que buscan una alternativa privada para su futura jubilación.

Porque las pensiones públicas se pagarán, sí, pero no darán para vivir. El resultado será que trabajadores y pensionistas no lleguen a final de mes, pues la calidad de vida sigue subiendo y el dinero solo tiene un origen: el sector privado, cada vez más menguado.