La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el estand de Paradores, durante su visita a la 45ª edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur).
Yo acuso a Pedro Sánchez
Afirmo que Pedro Sánchez es un corrupto. Y lo afirmo sin estridencia y sin necesidad de togados ni sentencias, porque hay corrupciones que no se escriben en el Código Penal, pero que dejan huellas más profundas que cualquier delito. La corrupción política comienza cuando el poder deja de ser servicio y se convierte en astucia, cuando la palabra se usa como moneda falsa y la democracia como escenografía.
Para muchos españoles, la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno no fue una alternancia legítima, sino un fraude cuidadosamente administrado. No por el resultado de una votación, sino por la demolición sistemática de aquello que se prometió respetar. Indultos que jamás existirían. Amnistías imposibles que terminaron redactándose. Pactos impensables que acabaron firmándose. Cada negación solemne fue solo el prólogo de su incumplimiento. Y cuando la mentira deja de ser excepción y se convierte en método, el mandato representativo queda corrompido en su raíz.
Desde la ciencia política sabemos que la corrupción no se limita al sobresueldo ni al maletín. Existe una corrupción más sofisticada y más peligrosa: la corrupción institucional. Es la que se produce cuando el poder coloniza los contrapesos, cuando los órganos de control dejan de vigilar para obedecer, cuando la legalidad se estira como una goma hasta perder su forma. Bajo el sanchismo, el Parlamento ha sido reducido a trámite, el decreto-ley a rutina, la Fiscalía a argumento y las instituciones a escudos personales. El Estado no desaparece: se pliega.
Esta degradación no sería posible sin la responsabilidad directa de sus socios de gobierno y de investidura. PNV, Sumar, Podemos, Bildu y Junts no son meros acompañantes circunstanciales, sino piezas conscientes de una mayoría que ha sostenido, legitimado y aprovechado esta deriva. Han convertido la corrupción institucional en moneda de cambio: unos a cambio de poder territorial, otros de agenda ideológica, otros de impunidad política o de ventajas jurídicas. La corrupción no es aquí un accidente compartido, sino un sistema cooperativo en el que cada socio obtiene su beneficio a costa del interés general.
"Yo acuso" no es una fórmula retórica inocente. En 1898, Émile Zola lo utilizó para señalar la corrupción moral y judicial del Estado francés en el caso Dreyfus, asumiendo conscientemente las consecuencias personales y legales de su acusación. Aquel texto marcó un antes y un después porque recordó que la democracia no se sostiene solo con leyes, sino con ciudadanos dispuestos a señalar la injusticia cuando el poder la normaliza. Acusar, entonces como ahora, no es un gesto de arrogancia, sino un deber cívico cuando el silencio se convierte en complicidad.
Pero hay algo aún más corrosivo: la normalización del escándalo. La sucesión de episodios que exigen explicaciones y solo reciben silencio. La ausencia de dimisiones. El cierre de filas. El mensaje implícito de que nada es suficientemente grave si sirve para resistir un día más. Así se fabrica la impunidad: no con absoluciones, sino con cansancio ciudadano.
La ley de amnistía es el símbolo perfecto de esta deriva. No como concepto jurídico, sino como trueque político. Borrar delitos no por convicción moral, sino por necesidad aritmética, no es reconciliar: es mercadear con el Estado de derecho. Cuando la igualdad ante la ley se negocia en despachos, la justicia deja de ser principio y pasa a ser instrumento.
Pedro Sánchez no ejerce el poder como quien administra un mandato limitado, sino como quien gestiona su permanencia. No gobierna desde la responsabilidad, sino desde la ocupación. Y cuando el gobernante confunde el Estado con su biografía, la democracia empieza a vaciarse sin ruido, como una casa abandonada por dentro.
Por todo ello, yo acuso. Porque Pedro Sánchez ha corrompido la palabra, ha degradado el compromiso, ha instrumentalizado las instituciones y ha acostumbrado al país a vivir en la excepción permanente.
Y porque cuando la política renuncia a la verdad, el poder deja de ser gobierno y se convierte en sombra: larga, silenciosa y cada vez más difícil de desalojar.