El error estratégico de la imposición política en Venezuela

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa por parte de Estados Unidos abre un escenario de enorme trascendencia política y teórica. En declaraciones posteriores plantean la posibilidad de que Estados Unidos pueda querer gobernar Venezuela desde fuera. Desde una perspectiva de la Ciencia Política, esto puede resultar inviable y erróneo.

El primer problema es de naturaleza estructural. Ningún Estado consigue ser gobernado de forma eficaz sin un mínimo de legitimidad interna. La ciencia política ha demostrado que el poder no se sostiene solo por la coerción, sino por el consentimiento, aunque sea pasivo, de los gobernados. Incluso sectores de la sociedad venezolana críticos  con el chavismo será complicado que acepten un gobierno impuesto por una potencia extranjera. La historia está marcada por intervenciones externas que, en vez de generar estabilidad, han alimentado narrativas de resistencia y cohesión nacional frente al "enemigo externo".

Desde el realismo político, la idea de gobernar Venezuela desde Washington o mediante una autoridad subordinada supone una subestimación de los costos del poder. Derrocar o capturar a una élite gobernante es una operación a corto plazo. Sin embargo, administrar un país fragmentado, con fuerzas armadas politizadas, redes de poder informal y aliados internacionales activos, es una tarea de largo aliento y enorme desgaste. Experiencias recientes como Irak o Afganistán confirman que, incluso las superpotencias, fracasan cuando confunden superioridad militar con control político sostenible.

El liberalismo, por su parte, subraya un problema aún más evidente: la ausencia total de legitimidad jurídica internacional. Sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, sin un proceso multilateral y sin reconocimiento amplio, cualquier forma de tutela estadounidense carecería de base legal. Un "gobierno" nacido bajo esas condiciones tendrá enormes dificultades para acceder a financiación internacional, firmar acuerdos vinculantes o representar al Estado venezolano. En lugar de reconstrucción institucional, se produciría una prolongación de la parálisis estatal.

El constructivismo aporta una clave adicional: el poder también es simbólico. La imposición externa redefine identidades y discursos. Un gobierno administrado o dirigido por Estados Unidos reforzaría la narrativa del antiimperialismo, incluso entre actores que se oponen al chavismo. Lejos de desactivar el conflicto, esta situación puede unificar a diferentes sectores  bajo la lógica de resistencia nacional. Otorgando nueva legitimidad a actores radicales o autoritarios.

En el plano regional, la inviabilidad se amplifica. América Latina no aceptará una ocupación o tutela prolongada. Incluso gobiernos alineados con Washington se verían forzados a distanciarse en público. El resultado probable será una región más polarizada,  favoreciendo la influencia de otras potencias que sirvan de contrapeso al intervencionismo estadounidense.

En conclusión, gobernar Venezuela desde el exterior revela una confusión clásica entre capacidad de intervención y capacidad de gobierno. Desde cualquier enfoque serio de la ciencia política y las relaciones internacionales, esta pretensión aparece condenada al fracaso. No solo por razones morales o jurídicas, sino por su ineficacia práctica.

La imposición externa no construye Estados funcionales, los debilita. Cuando las grandes potencias olvidan esta lección se crean dos problemas. Por un lado, el resultado perjudica el orden y la legitimidad Internacional. Por otro lado, genera más inestabilidad para el país intervenido.