Juan Vidal, diputado autonómico de Vox.
Apenas unas semanas después de que las Cortes de Aragón rechazaran por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox para promover el control cinegético del jabalí en Aragón y en todo el territorio nacional, la realidad ha dado un golpe sobre la mesa. El brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes en Cataluña a finales de noviembre de 2025 –el primero en España en tres décadas– ha obligado al Gobierno de Aragón a adoptar medidas urgentes que coinciden en esencia con lo que Vox defendió en vano y el PP votó en contra.
Este episodio revela cómo el sectarismo bipartidista se impone a la razón, permitiendo que problemas previsibles se conviertan en emergencias que dañan a la población y su economía, ignorando soluciones prácticas en favor de ideologías restrictivas que perpetúan riesgos sanitarios y pérdidas económicas.
El pasado 20 de noviembre, en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de las Cortes de Aragón, el Grupo Parlamentario de Vox defendió una iniciativa para instar al Gobierno de Aragón a presionar al Gobierno central a facilitar el control de poblaciones de ungulados mediante la caza y armonizar las regulaciones cinegéticas a través de una Ley Nacional de Caza. En la defensa, se argumentó que la sobrepoblación de jabalíes –estimada en unos dos millones de ejemplares en España, con un crecimiento notable en Aragón– representa un desafío para la seguridad vial, la economía agropecuaria y la salud pública.
Se destacó que los accidentes con fauna silvestre en Aragón alcanzaron 3.328 casos en 2024, duplicando las cifras de 2015, con el jabalí como principal causante. En Huesca, por ejemplo, se registraron 1.235 siniestros en 2025 hasta noviembre, afectando rutas como la A-23 y zonas rurales como Jacetania y Alto Gállego.
Además, Vox subrayaba los daños al sector agropecuario: pérdidas superiores a 45 millones de euros anuales en comarcas como Bajo Aragón o Hoya de Huesca, con más de 100.000 hectáreas afectadas en cultivos de cereales, maíz y girasol. En respuesta, las asociaciones agrarias se han movilizado exigiendo compensaciones por los continuos ataques.
En el plano sanitario, los jabalíes portan patologías como tuberculosis, brucelosis, triquinosis y hepatitis E, que amenazan al ganado –con 4.332 granjas porcinas en riesgo en Aragón– y podrían transmitirse a humanos. Se alertó sobre las restricciones veterinarias que disuaden a los cazadores de procesar la carne, llevando al abandono de cadáveres en el monte y facilitando ciclos parasitarios como la triquinosis, con alta prevalencia en España.
Esta propuesta de Vox buscaba eliminar trabas administrativas absurdas derivadas del pacto bipartidista entre populares y socialistas en Europa, que protegen irresponsablemente especies causantes de epidemias, destrucción agrícola y riesgos en carreteras y ferrocarriles. Estas políticas sectarias ignoran las necesidades de la población, priorizando ideologías sobre soluciones prácticas que protejan la economía rural y la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la PNL fue rechazada con el voto en contra de todos: Podemos, Aragón-Teruel Existe, CHA, PSOE y, sorprendentemente, el PP. Las justificaciones se centraron en que la unificación normativa nacional suponía un "ataque contra la autonomía de Aragón". El PP, comprando falsos discursos ecologistas y políticas separatistas que defienden la "Europa de las regiones", debilitó una medida pragmática, perpetuando daños económicos y riesgos sanitarios para los aragoneses.
Los jabalíes no entienden de fronteras; afectan al 95% del territorio nacional, y 17 leyes autonómicas dispares obstaculizan un control eficaz. El Plan General de Caza de Aragón 2025-2026, con extensiones en batidas, demuestra que la caza como herramienta de control es viable, pero se debilita con la fragmentación normativa. El sectarismo prevaleció sobre la urgencia, agravando esos problemas que Vox buscaba prevenir. La iniciativa, alineada con propuestas similares en otros parlamentos, podría haber anticipado esta emergencia, evitando pérdidas millonarias en el sector porcino.
El brote de PPA en Cataluña –con 13 casos confirmados en jabalíes y restricciones en 91 municipios– amenaza a Aragón, principal productor porcino de España. Ahora, el Gobierno de Aragón (PP) ha aprobado el Decreto-Ley 7/2025, de 3 de diciembre, que incorpora ideas de Vox: subvención de 30 euros por jabalí abatido, uso excepcional de visores térmicos, capturas en vivo con redes tipo NASA, obligación de aumentar la presión cinegética si no es voluntaria, y refuerzo de la vigilancia sanitaria con medidas como la recogida de cadáveres. Estas acciones se priorizan en las comarcas fronterizas con Cataluña para crear una barrera sanitaria, protegiendo exportaciones por 2.200 millones de euros.
La sinrazón de la izquierda se ha extendido al PP, que rechazó la PNL por complacer a sus socios regionalistas como el PAR, pero ahora aplica medidas similares por "urgencia". Una ley nacional unificada habría evitado esfuerzos baldíos entre regiones colindantes, reduciendo daños a la economía y salud pública. Vox propone soluciones prácticas, sin sesgos ideológicos, priorizando la protección de los aragoneses: minimizando choques viales, salvaguardando cosechas y previniendo brotes. Es hora de que el pragmatismo supere el sectarismo bipartidista; de lo contrario, la población seguirá sufriendo las consecuencias de políticas que ignoran sus necesidades reales.
