Siempre hemos defendido el Sistema público de pensiones como el mejor de los posibles, para garantizar su viabilidad y suficiencia para los actuales y futuros pensionistas.

Con esa idea desde UGT se afrontó la negociación de la Reforma de las pensiones pactada con el acuerdo de los agentes sociales, cuya parte principal se recoge en la Ley 21/2021 y en el Real Decreto Ley 2/2023, así como algunos aspectos que aún quedan por desarrollar o cumplir.

Aunque no se consiguieron todos nuestros objetivos, valoramos esta reforma positivamente, ya que suprimió el Índice de revalorización anual del 0,25% y del factor de sostenibilidad, impuestos unilateralmente en la reforma del año 2013 que empobrecían a los pensionistas a medida que envejecían.

Además de lo anterior, se incluyeron importantes medidas para garantizar el poder adquisitivo y reforzar la viabilidad del sistema, entre otras: la revalorización anual referenciada con el IPC; la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con cotización adicional de trabajadores y empresarios para fortalecer el sistema; el incremento de la Base máxima de cotización; el establecimiento de una cuota de solidaridad adicional para los salarios más altos; o se reconocía que con las cotizaciones que debían pagarse exclusivamente las pensiones contributivas, acordando la trasferencia anual de dichos gastos de los PGE a la caja de Seguridad Social; etc., etc.

Estas y otras medidas han hecho posibles incrementos adicionales para las pensiones mínimas y las no contributivas; la reducción de coeficientes reductores en pensiones inferiores a 900€ con largas carreras de cotización o el reconocimiento de pensión de viudedad a parejas de hecho, etc. Todo lo anterior, además del incremento de las pensiones con el IPC, demuestran la suficiencia del sistema, ya que también se está reponiendo el Fondo de Reserva, la conocida como “hucha de las pensiones”, y se prevé que a finales de 2025 tendrá una dotación superior a los 14.000 millones de euros.

Junto a las medidas, la Disposición adicional 2ª, establece que “a partir de marzo de 2025, con una periodicidad trianual, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), publicará y enviará al Gobierno, un informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado, de las medidas adoptadas en la Reforma de las Pensiones…”

En el informe recientemente realizado con los criterios acordados en la Reforma, la AIREF concluye que “se cumple el gasto en pensiones, por lo que no habrá que hacer ajustes adicionales”. Por lo que no se puede entender, como recién hecha la evaluación con resultado positivo y teniendo que realizar la siguiente evaluación dentro de tres años, el Gobierno encargue una nueva evaluación para el año 2026, cambiando los criterios unilateralmente y excluyendo de los ingresos de Seguridad Social las trasferencias del Estado.

Si las transferencias del Estado corresponden como en este caso, a lo acordado en la reforma respecto a la separación de fuentes de financiación, es decir a transferir del Estado los pagos que realiza Seguridad Social y que no le corresponden, lo que debería de hacer es asumir directamente esos gastos y no cargárselos a Seguridad Social como ha venido haciendo desde hace años, sin compensación alguna.

Si el Gobierno tiene dudas de lo acordado y, según los informes actuariales que se realizaron garantizaba la viabilidad del sistema más allá del año 2050, hay que recordarle, que la propia Ley 21/2021 se establece la composición de una Comisión compuesta por la administración y las organizaciones empresariales y sindicales, para el seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo. Por lo que no se puede aceptar actuaciones unilaterales de la Administración.

Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón, pensamos que hay que ser prudentes con las declaraciones que se hacen respecto a la suficiencia y viabilidad del sistema público de pensiones. No es bueno crear incertidumbres ni en los actuales, ni en los futuros pensionistas, hoy jóvenes.

Para desterrar incertidumbres, sería saludable que la Administración diera cumplimiento a otro tema pendiente de la Ley 21/2021, relativa a realizar una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de Seguridad Social y que reza: “En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de Seguridad Social…… Dicho informe será realizado en un plazo máximo de seis meses, para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos inclusive”.

Con el cumplimiento de estas normas, más la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, también incumplida, se despejarían muchas dudas respecto a su futuro, ya que el sistema se enfrenta a desafíos importantes, como el envejecimiento de la población y el aumento de esperanza de vida, siendo además un pilar fundamental del sistema de protección social. Debemos esforzarnos en que se garanticen ingresos básicos para las personas mayores y que las futuras generaciones, disfruten de una vejez digna, con independencia de los cambios políticos y económicos que se produzcan.

José Luis Romero, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón