Hablemos de unos profesionales que han cursado un grado universitario de 5 años de duración y que podría aumentar a 6 años (casi todos son de 4 años), y que tiene una de las notas de acceso más alta. Es una carrera del ámbito sanitario cuyos egresados deben tomar decisiones importantes en salud pública y muchas veces trabajan con horarios intempestivos y condiciones laborales extremas. A pesar de ello se encuentran entre los titulados universitarios con menores sueldos y registran la mayor tasa de suicidios entre todas las profesiones. Además, se trata de la única profesión sanitaria sin acceso al Sistema Nacional de Salud (a través de figuras similares al MIR), ni siquiera a especialidades como Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica o Microbiología y Parasitología, a la que pueden acceder profesionales no sanitarios como egresados de Biología o Química. Por si no lo saben todavía, estoy hablando de la profesión veterinaria.

Nuestra profesión es una de las más vocacionales que existe, y también una de las que más alternativas profesionales ofrece dado el enfoque multidisciplinar de nuestra formación. Hay que dejar de lado la idea de que los veterinarios (aunque debería decir veterinarias, ya que en los últimos años más del 80% de los egresados son mujeres) son exclusivamente “médicos de perros y gatos”. Tenemos reconocidas competencias profesionales (algunas de ellas de forma exclusiva) en muchas otras áreas como producción e inspección de alimentos, nutrición y reproducción animal, salud pública y ambiental, diagnóstico laboratorial, investigación o docencia, por citar unas pocas.

Por si fuera poco, además de las complicaciones inherentes al ejercicio veterinario estamos sometidos a una estricta regulación con normativas europeas y nacionales en continuo cambio.

Un ejemplo reciente lo encontramos en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que fue elaborada sin consultar al sector veterinario, y cuyo desarrollo normativo no se ha completado, incumpliendo los plazos previstos y creando indefensión e incertidumbre en los propietarios de mascotas y de los veterinarios que tienen que atenderlos. Como muestra un botón. En el artículo 51 se establece la obligación de identificar a perros, gatos y hurones, y su incumplimiento según el artículo 74.b se considera una infracción grave que está penada con una multa entre 10.001 y 50.000 euros, lo que es una sanción claramente desproporcionada.

Po otra parte, en los últimos años son frecuentes las referencias al enfoque “One Health”, es decir, al abordaje de los problemas de salud pública y sanidad animal desde una perspectiva global e integradora. Siempre me ha hecho gracia que se promocione esta estrategia como algo novedoso, cuando es algo inherente al ejercicio profesional veterinario. El lema que figura en el escudo de la profesión veterinaria en España es “Hygia pecoris, salus populi” (La higiene del ganado, la salud del pueblo) y fue adoptado en 1922, aunque ya era utilizado desde 1913 en el emblema de los Inspectores de Higiene Pecuaria (lo que ahora es el Cuerpo Nacional Veterinario).

Sin duda una de las cuestiones más candentes relacionada con ese enfoque “One Health” es la creciente aparición de antibiorresistencias, un problema del que los veterinarios somos muy conscientes y por ello siempre hemos abogado por un uso racional de los medicamentos, no sólo de los antibióticos (e incluso vamos por delante de la normativa pidiendo controles más exhaustivos en la prescripción de antiparasitarios de uso veterinario). De hecho, si analizamos las cifras del PRAN (Plan Nacional frente a Resistencia a los Antibióticos) iniciado en 2014, vemos que el sector veterinario redujo hasta 2022 un 69,6% el consumo de antibióticos, frente a un 17,6% de reducción en el ámbito de la medicina humana.

Hablando de antibióticos, aprovecho para recordar que el Reglamento Europeo 2019/6 establece que teóricamente los veterinarios estamos legitimados para la venta al por menor de medicamentos, un derecho que hasta entonces no nos estaba reconocido en España (ni en Suecia), y ya de paso para protestar por el reiterado incumplimiento de promesas electorales e iniciativas parlamentarias fallidas para bajar el IVA de la prestación de servicios veterinarios a animales de compañía del 21% al 10%, una demanda permanente desde que la Ley 20/2012 lo subió desde el 8%.

Como remate, quiero acabar contándoles que una vez más se ha vuelto a legislar de espaldas al sector. En este caso se trata del Real Decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, y que obliga a los veterinarios desde principios de año a notificar las recetas de antibióticos a través de una aplicación informática denominada Presvet. Esta medida ha desatado las protestas de los veterinarios clínicos de pequeños animales. Nadie cuestiona la necesidad de usar racionalmente los medicamentos, pero no puede ser a costa de aumentar excesivamente la carga burocrática (con sanciones entre 6.000 y 30.000 euros por una cumplimentación incorrecta de datos en una receta), de aumentar las limitaciones en la toma de decisiones clínicas (requiriendo la realización de antibiogramas para antibióticos que no sean de primera elección) y de complicar a los propietarios la compra de fármacos para tratar a sus animales.

Una vez más el colectivo veterinario se siente criminalizado y discriminado frente a otras profesiones sanitarias, sometido a una fiscalización cuestionable y con las manos atadas para tratar a sus pacientes como se merecen. Y, sin embargo, seguimos al pie del cañón conscientes del importante servicio público que prestamos, a pesar de escaso reconocimiento que recibimos.

Ignacio de Blas, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.