Un taxi en Zaragoza, en una imagen de archivo. Zaragoza
Los taxistas de Zaragoza continúan su lucha contra Uber, Cabify y Bolt: "Tenemos registrados 280 VTC ilegales"
El próximo 27 de agosto se reunirán con el consejero de la DGA, Octavio López, para conocer la evolución del proyecto de ley que regule la situación.
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Hace ya más de un año que el Gobierno de Aragón y los taxistas llegaron a un acuerdo para aclarar, de una vez por todas, cómo se debe aplicar la legislación sobre los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC),
Pero por lo que parece, y según lo denuncian desde el sector, ese proyecto de ley se habría quedado en un cajón mezclado con el resto de papeleos.
Al no tener noticias nuevas ni respuestas, los taxistas programaron una movilización para el pasado 23 de julio. Aunque finalmente esta no se llevó a cabo porque el consejero de Fomento de la DGA, Octavio López, puso el freno a la polémica y les citó para conocer la evolución de la norma para este próximo 27 de agosto.
La del sector del taxi con las VTC es una guerra que viene de lejos. Según el presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izaguerri, la situación en la capital aragonesa sigue prácticamente igual "después de 8 años luchando".
En Zaragoza, el Ayuntamiento concedió 59 licencias urbanas de VTC, las únicas que, según los taxistas, cuentan con autorización municipal para realizar servicios urbanos y que "son legales".
El problema, denuncia Izaguerri, está en el resto de vehículos que trabajan en la ciudad sin los papeles pertinentes.
"Tenemos registrados 280 ya", asegura. El listado, explica, se ha elaborado gracias a la colaboración entre los alrededor de 1.700 taxistas de Zaragoza, que se comunican entre ellos para identificar las matrículas de los vehículos que, a su juicio, estarían realizando servicios urbanos sin autorización.
"Trabajan ilegalmente"
"El problema es que el resto está trabajando ilegalmente, realizando servicios urbanos sin tienen autorización municipal para hacerlo", señala Izaguerri.
Una situación que, según recuerda, no es nueva. "Llevamos ya años con esta historia", explica. Durante este tiempo, el sector del taxi ha mantenido su batalla tanto con el Ayuntamiento como con el Gobierno de Aragón para conseguir que se cumpla la normativa.
Desde la asociación consideran que el Ayuntamiento "hizo lo que tenía que hacer al conceder las 59 autorizaciones", siguiendo el baremo establecido en la legislación que fija una proporción de una VTC por cada 30 licencias de taxi.
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Ahora, reclaman que se actúe contra aquellos vehículos que realizan servicios urbanos sin contar con la correspondiente autorización.
La policía ya está realizando controles. Según explica Izaguerri, los agentes pueden comprobar los servicios que realizan las VTC a través de la plataforma de control del Gobierno de España.
"Las empresas tienen la obligación de registrar los servicios que reciben a través de aplicaciones como Uber, Cabify o Bolt", explica.
Una vez localizado un vehículo con pasajeros, los agentes pueden comprobar si el servicio registrado es urbano o interurbano. Si, por ejemplo, el trayecto se realiza entre dos puntos de la misma ciudad y el vehículo no dispone de autorización municipal, se sanciona al conductor.
![Taxis de Zaragoza, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10897572.jpg?p=w:320\/h:240&h=O_afQUHL"])
Pero es que el problema, según los taxistas, llega después.
Actualmente, cuando se denuncia a una VTC, el vehículo puede quedar inmovilizado. Sin embargo, "si el pasajero abandona el coche deja de tener efecto y el vehículo puede continuar circulando una vez que se ha tramitado la denuncia", reclama el presidente de la asociación.
Es por eso que desde el sector reclaman endurecer el procedimiento.
Izaguerri pone como ejemplo Cataluña, donde, según explica, se aplican medidas más duras. Su propuesta pasa por que, en determinados casos, la sanción pueda hacerse efectiva en el momento y, si no se abona, "que el vehículo sea trasladado por una grúa al depósito".
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La intención, sostiene, es evitar que las sanciones queden sin efecto práctico y conseguir que los vehículos que trabajan sin autorización dejen de prestar servicio.
Los taxistas aseguran que esta cuestión también ha sido trasladada al Gobierno de Aragón. Según Izaguerri, mantuvieron una conversación telefónica con el consejero de Fomento, Octavio López, quien habría mostrado su disposición a endurecer las medidas siempre que exista cobertura jurídica para hacerlo.
El sector recuerda también que hace aproximadamente un año ya se aprobó un decreto destinado a determinar cómo debían proceder la Policía Local ante este tipo de situaciones.
Sin embargo, consideran que la medida se ha quedado "corta" y reclaman modificarla para que las actuaciones puedan ser "más efectivas".
