El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza, en el limbo: "No hay garantías de que vaya a abrir este año"

El Parque de Atracciones de Zaragoza se encuentra en un limbo. Las discrepancias entre las empresas que conforman la sociedad Moncayo Leisure (la argentina Fenix Entreteiment, 80%, y PAZ de la familia Morte, 20%) han llevado a que la adjudicación del proyecto se retrase, en principio, hasta abril.

El motivo del conflicto vendría dado tras conocerse que uno de los dos socios no habría sido del todo transparente sobre la situación económica en la que se encontraba a la hora de crearse la sociedad.

En estos momentos, PAZ se encuentra en un preconcurso de acreedores, lo que podría poner en juego tanto la apertura del parque como la situación de los 81 empleados, que hasta que se resolviera todo el lío serían abocados a un ERTE (hecho que todavía se está negociando).

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El Gobierno celebrado el pasado 15 de noviembre concedió a la sociedad una ampliación de la cesión de la adjudicación hasta el próximo 31 de marzo. Plazo otorgado para que los socios acuerden, entre todos los líos pendientes, si las ferias que corresponden a PAZ se mantienen en el parque.

Y es que, una vez extingida la anterior concesión, 19 atracciones pasaron a ser propiedad del Ayuntamiento y el resto (20) las mantuvo en propiedad la familia Morte (que gestiona PAZ).

Cabe recordar que la concesión se extiende hasta 50 años y fue adjudicada por 17 millones, siendo dos de ellos lo correspondiente a las ferias de la familia Morte.

Lo que está claro, por el momento, es que todavía no hay una fecha concreta de apertura. Además, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha señalado que se trata de un problema "interno de la sociedad" y que, en caso de una retirada de la sociedad, esta deberá hacer frente "a una fianza de 600.000 euros".

Sin garantías

Toda esta incertidumbre ha sido señalada en el pleno municipal de este jueves por el socialista Horacio Royo, quien ha manifestado que, actualmente, "no hay garantías de que el parque vaya a abrir este año".

También ha cuestionado la prórroga en la entrega de las instalaciones y la falta de explicaciones sobre los plazos. Es por eso que desde el PSOE han presentado una moción para fiscalizar el contrato y exigir transparencia ante una situación "muy seria".

Propuesta que han apoyado desde Zaragoza en Común. El concejal Suso Dominguez ha puesto el foco en el propio proceso de licitación recordando que solo se presentó una oferta y que el proyecto obtuvo una baja valoración técnica, además de señalar deficiencias en materia ambiental y de planificación.

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Todo ello "evidencia la necesidad de un mayor control público sobre la ejecución del contrato", consideran.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha coincidido en señalar la incertidumbre del proyecto y ha cuestionado la viabilidad económica del modelo. Eso sí, su grupo ha votado en contra al considerar que "una comisión de seguimiento no resolvería los problemas actuales" y que la prioridad debe ser aclarar la solvencia del proyecto.