Zaragoza estudia quitar plantas a la torre de Vía Hispanidad, pero los vecinos insisten: quieren su skatepark

El polémico proyecto de reforma de la Vía Hispanidad valorará "otras vías" para cumplir con los objetivos del Ayuntamiento de Zaragoza y, a su vez, se acerquen posiciones con los vecinos. O, al menos, así lo aseguró este martes la alcaldesa Natalia Chueca, tras explicar que "ninguna de las alegaciones presentadas" ha sido aceptada por criterios "técnicos".

Pero, ¿cuáles son las opciones que se barajan desde el Consistorio? Según han señalado a este diario desde la plaza del Pilar, los cambios en el proyecto que se estudian están relacionados con la densidad de viviendas, la altura o la masa edificable. Es decir, que se podría plantear levantar un edificio con un menor número de viviendas de lo proyectado inicialmente.

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La construcción plantea un bloque de 22 plantas, con 470 nuevos pisos "de lujo" (según exponen los vecinos) y unos 67 metros de altura, hecho que ha sido uno de los debates más controvertidos durante los últimos meses. Sobre todo, al darse a conocer que para levantar las nuevas viviendas, se reubicarán dos instalaciones de la zona: el centro deportivo García Traid, donde juega el club de fútbol Hernán Cortés, y el skatepark.

"Pelotazo"

El Consistorio anunció a finales del año pasado que sacaría a la venta en 2025 estos terrenos, con los que se esperan ingresar unos 50 millones. Unos planes para los que ha sido necesario iniciar una modificación del plan general urbano (PGOU), que se aprobó de manera inicial el pasado 30 de enero, y que ha contado con el rechazo de los vecinos desde el principio.

Prueba de ello ha sido, no solo las 2.000 alegaciones presentadas por los vecinos para frenar la operación urbanística (o "pelotazo" como lo califican algunos de ellos), sino todo el movimiento vecinal que se ha generado. Los residentes de la zona llegaron incluso a formar la asociación vecinal Pirulí que, el pasado 19 de enero, convocó una concentración en el skate park a la que acudieron unas 500 personas.

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Motivo por el cual, desde el barrio ven esta operación como una "absoluta especulación". Según lo explica el presidente de la asociación, Pablo Ricardo Asín, el proyecto elimina un equipamiento deportivo "muy usado y valorado en la ciudad" para favorecer una operación que sirva para "pagar La Nueva Romareda, y no para mejoras en Zaragoza". Algo que, asegura, "lo deja bien claro el gerente de Urbanismo, Víctor Serrano, en la primera hoja del expediente".

Así, para los vecinos, el primer paso a dar pasaría por "citarles" y, en el momento en el que se pongan encima de la mesa las posibilidades alternativas, será cuando ellos "valoren" la situación. En este punto, Asín ha recordado que "ninguna de las alegaciones propuestas han sido atendidas". Aunque insisten en que, "no es una cuestión de altura" sino que el problema viene por la "eliminación de un equipamiento deportivo, como es el skatepark, que está en uso y consolidado".

Alegaciones

En sus escritos y alegatos, los vecinos dejaron claro que el incremento de 470 viviendas supone unos 1.500 habitantes más. "Esto debería conllevar, por ley, el aumento de plazas de aparcamiento, pero la modificación pretende situar esta dotación obligatoria de aparcamiento público en los sotanos de los nuevos edificios, junto con las privadas de las viviendas, y venderlas cuando la ley exige que sean públicas", reclaman.

En este sentido, también se expuso que en el barrio sufren un "déficit de zonas verdes que pasaría de 12.000 metros cuadrados a 16.000 menos de lo que deberíamos tener". Además de que, este aumento de vecinos en el barrio, "supone que nuestro centro de salud, ya saturado desde 2026, lo esté aún más".

De hecho, en declaraciones anteriores a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Asín ya señaló que estas instalaciones sanitarias solo están dotadas para atender 14.400 cartillas, "pero ya atiende a 17.462", una situación que asegura que empeorará "superando en más de 4.000 usuarios su capacidad y recursos".

En cuanto a los argumentos jurídicos, desde la asociación aseguran que la supresión del equipamiento deja al entorno del barrio "sin una dotación demandada por los usuarios y vecinos" y han expuesto que "vulnera la legalidad".

No obstante, y tal y como lo aseguró este martes la regidora, ninguna de ellas ha sido aceptada por cuestiones "técnicas". En este punto, cabe recordar que el propio concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, aseguró que las más de 2.000 alegaciones presentadas por los vecinos "merecen el máximo respeto", pero matizó que en realidad se correspondían con unas "tres alegaciones sustanciales que habían sido replicadas mediante inteligencia artificial".