Uno de los edificios actualmente en construcción en Zaragoza capital.
Aínsa y Biescas se revuelven contra el portazo a las zonas tensionadas: "La carencia de vivienda es bestial"
Los alcaldes piden más medidas y aseguran que los pisos que está construyendo el Gobierno de Aragón son insuficientes para cubrir la demanda.
Más información: Aragón no aplicará las zonas tensionadas en toda la Comunidad: "Destruyen la oferta y encarecen los precios".
El portazo del Gobierno de Aragón a las zonas tensionadas ha molestado sobremanera a Aínsa y Biescas, los dos ayuntamientos que habían pedido su aplicación.
Ninguno entiende que el Ejecutivo renuncie a esta medida, pero el consejero de Vivienda, Octavio López, lo tiene claro: allá donde se ha aplicado solo ha servido para destruir la oferta y encarecer los precios.
Para Enrique Pueyo, alcalde de Aínsa por el PSOE, los argumentos no son suficientes. "No hacer nada no vale para nada. Si queremos cambiar las cosas, algo tendremos que hacer", apunta.
En esta localidad se están construyendo 22 viviendas de alquiler asequible, pero la demanda va mucho más allá.
Y más teniendo en cuenta que esos 22 pisos no estarán "hasta dentro de unos dos años", según sus cálculos, lo que hace que "no haya soluciones para el más corto plazo".
A esto se une que no hay promociones de vivienda libre. "Se está construyendo un edificio, pero lo último que ha llegado al Ayuntamiento es que el titular se está planteando que sea un albergue", añade el regidor.
El Consistorio sabe de varias empresas interesadas en construir, pero ninguna ha presentado el proyecto y los precios que han trascendido "no son asequibles".
"Aquí no estamos hablando de gente que quiere una segunda residencia, sino de personas que quieren venir a vivir. Decir 'no' a las zonas tensionadas es no querer entrar al fondo de la cuestión. Hay una carencia de vivienda bestial", advierte.
Para él, todas las medidas a favor de la vivienda son buenas. "Aplaudo que construyan pisos aunque lo haga el partido contrario. Es una buena iniciativa, pero cuando decimos lo que decimos, lo hacemos por algo", recalca.
A vueltas con las peticiones
Pueyo defiende que su Ayuntamiento sí hizo oficial su petición al Gobierno de Aragón y asegura tener justificante de recepción. Contesta así al consejero, que este martes aseguró que la DGA solo tenía constancia de la petición que hizo en tiempos Canfranc. En el caso de Biescas sucede lo mismo.
Su alcaldesa, la también socialista Lorena Cajal, comparte el diagnóstico con Pueyo, aunque el caso de Biescas es algo distinto. En su municipio, a diferencia de lo que ocurre en Aínsa, sí se está construyendo obra nueva. No hay falta de suelo ni de interés por parte de las promotoras. ¿Dónde está entonces el problema? En el precio, ya que por un piso de tres habitaciones se están pidiendo más de 300.000 euros.
La localidad ha cedido recientemente dos parcelas para que se construyan 15 viviendas de alquiler asequible.
"Con viviendas de alquiler no se soluciona todo. Las que se construirán aquí están pensadas para trabajadores de temporada, pero nosotros reivindicamos el asentamiento de población. Es ahí donde se debe poner el foco", explica.
También se muestra crítica con las particularidades de los pisos que se van a levantar. "Son microviviendas para uso habitacional. Hemos tenido incluso que pedir una subsanación porque no cumplían con el Plan General al quedarse por debajo de los 40 metros cuadrados", añade.
Como ejemplo de la situación que se vive en su localidad pone la vivienda que se ha rehabilitado recientemente, que saldrá en formato de alquiler asequible. "Va a ser de locos. Me temo que la gente se va a pegar por ella", auguraba.
¿Fuera de las subvenciones?
Cajal cree que la declaración de zona tensionada habría resuelto parte del problema, pero tanto ella como Pueyo admiten que con el 'no' del Gobierno de Jorge Azcón el asunto "ya no tiene recorrido", ya que es el Ejecutivo quien tiene las competencias y nada se puede hacer contra su decisión.
"Ahora mismo estamos atados, no podemos hacer más presión", reconocen.
Sí advierten, en todo caso, de que Aragón podría terminar quedándose fuera "de un montón de subvenciones del Ministerio de Vivienda" con su postura.
Esto no altera la hoja de ruta del consejero, que se muestra convencido de que la receta es seguir construyendo al ritmo que lo está haciendo el Ejecutivo de Jorge Azcón.
Este martes era especialmente gráfico: en 7 años del PP está previsto impulsar 7.000 viviendas públicas frente a las 1.289 construidas por todos los Gobiernos de Aragón anteriores en casi medio siglo.
De seguir así, el punto de equilibrio podría alcanzarse en 8 o 10 años.
