Los efectos de la prórroga todavía están presentes pese al 'no' del Congreso a la medida de Sumar. E. E.
El lío con la prórroga de los alquileres va a más: "Ahora hay inquilinos que no se quieren ir del piso y te obligan a negociar"
El real decreto sigue causando problemas pese a no estar ya en vigor, aunque muchos beneficiarios han terminado renunciando a la vía judicial.
Más información: Aluvión de consultas en Aragón por la prórroga de los contratos de alquiler: "Mucha gente ni siquiera sabe por dónde tirar".
Los problemas por la prórroga de los alquileres han ido a más en los últimos días pese al rotundo 'no' del Congreso al real decreto.
La norma permitía prolongar los contratos hasta un máximo de 2 años y establecía una subida máxima del 2% anual siempre que se cumpliesen una serie de condiciones.
Solo estuvo en vigor unas semanas, pero sus efectos secundarios han terminado enfrentando a inquilinos y propietarios.
La falta de seguridad jurídica ha hecho que gran parte de los potenciales beneficiarios hayan acabado renunciando, pero aquellos que mandaron un burofax durante los días que permaneció activo el real decreto o incluso en los momentos previos se han visto inmersos en una maraña legal de impredecible final.
Hay casos en los que el inquilino sigue pagando y se niega a marcharse de la vivienda en contra de la voluntad del propietario.
Muchas veces, la única salida es la negociación. La alternativa es iniciar un proceso de desahucio que podría demorarse al menos un año, un escenario en el que nadie quiere verse.
Primero, por el alto coste económico que supone y segundo, por el desgaste de tener que demostrar todo ante el juez. Pero esa negociación tampoco suele ser fácil ni para unos ni para otros.
A despachos como el de Sara Benedí, SBA Servicios Jurídicos, han llegado varios casos en el último mes y medio.
Tras lo ocurrido en la Cámara Baja, los efectos del real decreto solo serían válidos para los contratos que vencieran antes de finales de abril. Pero incluso con ellos hay dudas sobre qué ocurrirá si finalmente se llevan a la vía judicial.
Sobre todo, por el futuro más inmediato de los inquilinos y los derechos que tiene el casero en caso de que quiera finiquitar el contrato antes de que se pronuncie el tribunal.
Con todo lo que ha sucedido, podría darse la circunstancia de que un inquilino que envió el burofax en tiempo y forma y acababa el contrato en abril tenga derecho a acogerse al real decreto y otro que lo tenía firmado hasta mayo no pueda beneficiarse.
Meses de espera
Las primeras sentencias serán claves para ver qué opinan los jueces, pero para eso, avisan los abogados consultados, podrían hacer falta meses.
La sensación, coinciden, es que la medida, impulsada a iniciativa de Sumar, ha terminado generando un roto mucho mayor y no ha sido capaz de aportar ninguna solución.
Los efectos de la prórroga también se han hecho sentir en colectivos como el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que lleva semanas atendiendo consultas e incluso tuvo que abrir una asesoría extraordinaria para resolver dudas.
Durante las sesiones se han encontrado de todo, desde gente que no sabía quién es realmente su casero a dificultades a la hora de rellenar los formularios que se han puesto a disposición de los usuarios.
Había personas, incluso, que estaban ya en medio de una prórroga y ni siquiera eran conscientes de cuándo acababa su contrato.
A esto hay que añadir los costes, en muchos casos inasumibles, en los que incurrían las personas que se encuentran en esta situación y querían acogerse a la prórroga.
"Enviar un burofax para dirigirse al casero sale a 36 euros, y si además tienes que ir al registro de la propiedad para ver a quién tenían que dirigirse realmente son otros 12", comentaban desde el sindicato.
La agrupación ha seguido animando a quienes tenían 'la sartén por el mango' a reclamar sus derechos, pero a estas alturas, nadie sabe a ciencia cierta qué puede terminar ocurriendo.
Los hay, además, que temen "represalias" por parte de los caseros si finalmente ponen el asunto en manos de la Justicia y que ven en el lío político una "oportunidad perdida" para dar respuesta a uno de los mayores problemas de la sociedad española y aragonesa.
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