El Gobierno de Azcón presume de gestión del Inaga tras el 'caso Forestalia': "Apenas hay encargos a consultoras externas"

En medio de las investigaciones por la gestión del anterior director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), el Gobierno de Jorge Azcón ha sacado pecho de haber reducido el “atasco” de expedientes fuera de plazo y los encargos a consultoras externas prácticamente en su totalidad.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, quien ha comparecido para dar cuenta del funcionamiento del Inaga durante el Gobierno del PP, en el que el presupuesto ha pasado de unos 6 millones de euros a 8 millones cada año.

Según los datos presentados por el Gobierno aragonés, en menos de dos años los expedientes activos han pasado de 7.500 a 4.400, mientras los que estaban fuera de plazo se han reducido un 44%, pasando de 4.875 a 2.750.

Ello ha sido posible gracias a la ampliación de 14 nuevos trabajadores, alcanzando los 86 funcionarios.

Además, ello ha permitido que los encargos a consultoras externas hayan disminuido un 99,5%, con un único expediente en 2025, sin que se haya recurrido a ellas en ningún proyecto de energías renovables.

Solo entre 2021 y 2022, las consultoras externas participaron en 342 expedientes vinculados a renovables, dado que coincidió con la avalancha de proyectos que llegaron tras la subasta de megawatios.

“Había celeridad en la resolución de los expedientes para que no caducaran por falta de tramitación. Quizá esto pudo llevar a contratar de forma masiva a consultoras externas. En la Comisión de las Cortes no se detectaron irregularidades porque los medios que se tienen es hacer entrevistas”, reconoce Blasco.

La única ayuda que ha llegado fuera del Inaga ha sido la de la empresa Sarga, de capital 100% público, aunque con trabajadores que no son funcionarios, sino personal laboral.

Todo ello forma parte del plan puesto en marcha en junio de 2024, casi seis meses después de que el actual director, Luis Simal, llegara al cargo, con el objetivo “prioritario” de reducir los tiempos de resolución y normalizar la situación de los expedientes.

“Se reduce el atasco histórico, se mejoran los plazos sin rebajar controles ambientales, se han reforzado medios propios, se acaba la dependencia de empresas externas y se acelera la tramitación de proyectos estratégicos. El plan sigue funcionando”, ha garantizado Blasco.

“Total transparencia”

Estos datos se han hecho públicos mientras la Guardia Civil sigue investigando la gestión del anterior director, Jesús Lobera, en el punto de mira de toda la trama de Forestalia por la presunta corrupción de las autorizaciones de renovables.

Desde el Gobierno del PP se desmarcan de ello y buscan “no dejar ninguna duda” en cuanto a transparencia, por lo que se van a enviar a los grupos de las Cortes todos los expedientes solicitados para poder fiscalizar lo ocurrido en el Inaga en los últimos años.

“Quien tiene toda la información es la Guardia Civil y el Juzgado. Podemos aportar la documentación que tenemos, pero no la de la Guardia Civil. Por eso anunciamos que nos presentábamos como perjudicados en el caso, para tener la información y ser acusación particular, si llega el caso”, ha afirmado el consejero de Medio Ambiente.