Ejea de los Caballeros. E. E.
La batalla legal de Ejea de los Caballeros con Forestalia y los Sumelzo: le han puesto 53 demandas por blindar su PGOU
La mala relación entre el Consistorio y Forestalia desde el cambio del Plan General echa por tierra los argumentos de la denuncia presentada por Vox.
Más información: Vox denuncia a la familia de Susana Sumelzo (PSOE) por presunta corrupción en más de 55 contratos públicos.
La denuncia de Vox contra la familia Sumelzo y su empresa, Sumelzo SA, por presunta corrupción en más de 55 contratos públicos ha puesto en el foco a nombres propios del PSOE aragonés como el presidente de la Diputación Provincial (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, o la vicepresidenta y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero.
La formación de Santiago Abascal sugería en su escrito la connivencia de Ejea y otros municipios gobernados por el PSOE en la adjudicación de contratos millonarios, pero la realidad, según ha podido constatar EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, es muy distinta.
El Ayuntamiento de Ejea tiene abiertos nada menos que 50 contenciosos con Forestalia -una de las últimas empresas registradas por la UCO por su posible relación con la trama de Santos Cerdán- y otros tres con los Sumelzo.
Con Forestalia son tantos como licencias de obras de parques eólicos ha denegado el Consistorio, cifras que echan por tierra los argumentos de Vox.
Los procedimientos han sido agrupados en una sola demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ya que todos se basan en la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.
Ejea actuó hace ya unos años para proteger su término municipal frente a los macroproyectos de energía verde. Esto hace que solo se puedan tramitar pequeños proyectos fotovoltaicos de hasta tres megavatios y solo en suelo industrial.
El cambio empezó a gestarse en 2021, pero no se aprobó definitivamente hasta 2023 por dos alegaciones de Forestalia. El motivo: querían instalar 300 molinos en Ejea que hubiesen cambiado, para siempre, su imagen.
El municipio argumentó que, al encontrarse en un proceso de modernización de regadío, colisionaban intereses. La consecuencia más inmediata fue la suspensión del Plan General hasta regular la ubicación de los molinos.
Al derivarlos al secano ya no encajaban en los planes de Forestalia, que contaba con proyectos que sumaban cerca de 2.000 megavatios y tenían incluso el informe favorable de evaluación ambiental.
Fue entonces cuando lo que empezó como una alegación se transformó en una batalla legal que está aún por resolver.
El cambio del Plan General dejaba únicamente disponibles alrededor de 5.000 hectáreas de secano de la localidad, el equivalente al 8% de la superficie del término municipal, dando al traste con los planes del gigante energético.
En el caso de los contenciosos con los Sumelzo, están en manos de los juzgados de lo contencioso número 2, 3 y 5 de Zaragoza y se centran en tres parques fotovoltaicos.
Desde el PSOE critican que, con estos argumentos en la mano, Vox se empeñe en seguir sembrando dudas, una actitud que achacan a la campaña electoral. La prueba es que la denuncia contra Sumelzo SA se conoció el mismo día en que Santiago Abascal dio un mitin en Ejea.
"Criterios objetivos"
En las últimas horas, el propio presidente de la DPZ ha defendido a través de un comunicado que todos los contratos adjudicados por la Diputación de Zaragoza a los que hacía referencia Vox se han hecho "siguiendo criterios objetivos".
Según Sánchez Quero, todas las obras adjudicadas a Sumelzo SA se ajustaban estrictamente a los criterios legalmente establecidos". En este sentido, subraya que todos esos trabajos se ajustaron a los proyectos de referencia "en tiempo y precio".
Este último, el precio, fue "el elemento determinante" en las adjudicaciones, según el presidente de la DPZ. Tanto es así que en todos los contratos en los que resultó adjudicataria había presentado siempre "la oferta económica más ventajosa y con mejor valoración".
El dirigente socialista recalca, igualmente, que "todos los expedientes administrativos que se han tramitado al respecto han sido suscritos por los técnicos competentes de la Diputación de Zaragoza, informados por los órganos preceptivos y fiscalizados por la Intervención General, cumpliendo en todo caso y sin excepción con la Ley de Contratos del Sector Público".
Lejos de quedarse ahí, asegura que la DPZ "tiene a disposición de cualquier interesado a través del procedimiento de transparencia cualquier documentación que estime oportuna".
Y ante la polémica que ha levantado la denuncia de Vox, avanza que tanto él como Teresa Ladrero se reservan la posibilidad de emprender cuantas acciones legales estimen oportunas para defender su honor y la imagen de las instituciones a las que representan y sus empleados.
