Lucio Cucalón, alcalde de Aguarón, con la Audiencia Provincial de Zaragoza de fondo. E. E.
El alcalde de la gamba roja, al banquillo: le piden 8 años de cárcel por dejar un agujero de 1 millón de euros en Aguarón
El polémico alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón -conocido y cuestionado por darse un festín de jamón de bellota, ostras y gamba roja con dinero público-, se sentará este martes en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de falsedad documental.
La Fiscalía pide para él la inhabilitación y una pena de tres años de cárcel, mientras que la parte denunciante, el anterior alcalde de la localidad, Juan Carlos Bernal (PP), reclama hasta ocho años de prisión.
Bernal llevó a su antecesor, y también sucesor, a los tribunales tanto en calidad de alcalde de Aguarón como a título personal. Cabe recordar que Cucalón suma más de 30 años como máximo representante de esta pequeña localidad y que solo dejó el cargo entre 2019 y 2023, cuando un pacto entre PP y CHA le arrebató la vara de mando.
Los hechos por los que se le juzgarán este martes se remontan a 2006. Ese año se creó la Sociedad de Desarrollo de Aguarón para levantar un polígono industrial que nunca se construyó y que terminó generando un agujero de más de un millón de euros, una gestión que ha sido objeto de incontables polémicas entre PP y PSOE.
El roto resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta el tamaño de la localidad, de apenas 600 habitantes.
Tanto la Cámara de Cuentas como la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón analizaron en su día lo ocurrido con el polígono de 'La Mata', para el que se adquirieron 49 fincas de un total de 50 hectáreas por 1,4 millones de euros.
La operación no estuvo exenta de polémica, ya que un primo de Lucio Cucalón ganó un 556% con tres parcelas que había comprado solo dos años antes, un presunto "pelotazo" que los populares llevan años denunciando.
Rafael Gimeno Bernal pagó originalmente 5.000 euros por los terrenos y los vendió por 32.832, ganando por el camino 27.832 €. Las cifras están muy por encima de otras compraventas realizadas por esas mismas fechas en el entorno, una diferencia que siempre llamó la atención de los populares.
Además, ha de tenerse en cuenta que Cucalón no se abstuvo en el expediente pese a que existían evidentes "relaciones de parentesco". Tampoco lo hizo el PP, un dato que el regidor ha venido recordando cada vez que ha salido el tema.
Diez testigos
El juicio contra Lucio Cucalón será este próximo 2 de diciembre en la Audiencia Provincial de Zaragoza, por donde desfilarán hasta una decena de testigos. Entre ellos, el que fuera alcalde de Aguarón y actual concejal de CHA, Alberto Ruesca; ediles del PSOE y responsables de la empresa Web Asesores, que en su día llevó las cuentas del Ayuntamiento y la sociedad municipal.
El juicio se desarrollará, previsiblemente, en una única sesión, aunque se prevé largo dado el número de personas que tomarán la palabra.
Un rosario de frentes abiertos
Cucalón acumula actualmente múltiples frentes abiertos. El principal, que podría terminar con su inhabilitación para cargo público, es una condena por acoso laboral a dos funcionarios de la comarca Campo de Cariñena. El regidor presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que podría pronunciarse próximamente sobre su futuro.
No en vano, la propia Fiscalía del Alto Tribunal ya ha dicho que no ve ningún motivo para anular los 8 meses de inhabilitación a los que fue condenado el polémico regidor en junio de 2024.
Además, la Fiscalía Provincial de Zaragoza lo ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción nº5 tras un informe de la Dirección General de Administración Local por adjudicar contratos por 235.000 euros a una empresa de su primo segundo y socio en solo un ejercicio, el de 2024. La cifra no es baladí, ya que representa el 22% del presupuesto total del Ayuntamiento de Aguarón.
De hecho, uno de esos contratos -de 109.234 euros y centrado en la instalación de placas fotovoltaicas en varios equipamientos del municipio- terminó siendo declarado nulo por graves irregularidades.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas continúa analizando las notas de reparo del ya exinterventor de la localidad, centradas en el presunto fraccionamiento de contratos a favor de la empresa Web Asesores, el cobro de dietas y kilometraje por reuniones que nunca se produjeron y el pago de aguinaldos sin justificar.
Solo en dietas e indemnizaciones habría pasado 11.850 euros hasta enero de 2025, con gastos mensuales de cientos de euros que terminaron despertando las sospechas del interventor y dejaron temblando las cuentas de la localidad. De hecho, en la última etapa, Cucalón debía hacer declaraciones juradas para que se le autorizasen los gastos.
Entre tanto, Cucalón continúa como alcalde de Aguarón y presidente de Campo de Cariñena. El PSOE insiste en que está suspendido temporalmente de militancia y en que, por tanto, ya no forma parte del partido, pero sus concejales y consejeros comarcales han seguido dándole su apoyo tanto en los últimos plenos como en la gestión del día a día.
Esto ha llevado al PP a preguntarse, en múltiples ocasiones, "qué deben el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y Pilar Alegría a Lucio Cucalón para que no haya sido apartado ya del cargo".
La defensa
Cucalón lleva meses insistiendo en que solo presentará su dimisión cuando haya sentencia firme. El pasado mes de agosto, el regidor se revolvió contra todo y contra todos en un agitado pleno en el que aseguró que no había ninguna causa legal ni judicial que justificase su cese.
"Sobre mi condición como alcalde y concejal, quiero recordar que mi legitimidad democrática no emana en las siglas, como creen algunos, sino del voto directo de los ciudadanos de Aguarón. Fui elegido por sufragio universal en las pasadas elecciones municipales y nombrado alcalde conforme a la legalidad vigente. Por tanto, mi responsabilidad es ante este pleno y, sobre todo, ante el pueblo de Aguarón", subrayó entonces.
En todo este tiempo, Cucalón no ha mostrado el menor signo de arrepentimiento o autocrítica. En ese pleno, de hecho, defendió que su trabajo diario es "transparente, público y conforme a la legalidad".
"Siempre he defendido los intereses de la localidad por encima de cualquier otro de carácter personal o partidista. Hemos avanzado en proyectos esenciales, manteniendo el equilibrio presupuestario, fomentando la participación vecinal y defendiendo los servicios públicos. Mi conciencia, por supuesto, está tranquilísima porque sé que me he guiado en todo momento por principios de honestidad, cercanía y servicio público", declaró.
