Choque entre Azcón y Pilar Alegría por la reducción de ratios: "Lo hace para ganarse a profesores y sindicatos"

La reducción de las ratios escolares ha provocado el enésimo choque entre el Gobierno de Aragón y el ministerio de Pilar Alegría. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende reducir de 25 a 22 el máximo de alumnos en las clases de primaria, mientras que en Secundaria se pasaría de 30 a 25.

El anuncio no ha tardado en encontrar respuesta en el Pignatelli. Desde el Departamento de Educación han criticado que la también secretaria general del PSOE-Aragón pretenda llevar adelante la medida sin consensuarla con las comunidades y sin detallar el coste.

"Llega sin un plan claro de implementación ni una previsión presupuestaria que garantice su viabilidad", aseguran.

La DGA acusa también al Gobierno central de llegar tarde una vez más con el tema de los horarios. "En Aragón, este curso los docentes de secundaria ya están a 18 horas y el que viene, en primaria e infantil, estarán a 23 horas", subrayan.

En este sentido, inciden en que la reducción de horas lectivas implica necesariamente la contratación de nuevos docentes para cubrir las necesidades del sistema educativo, que ha financiado hasta el momento de forma exclusiva la administración educativa aragonesa. "Sin embargo, el Ministerio no ha especificado cómo se financiará esta ampliación de plantilla ni qué recursos se destinarán para ello", agregan.

Para los conservadores, resulta especialmente preocupante que esta propuesta se haya lanzado sin presentar siquiera el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, lo que impide conocer si existe respaldo económico para llevarla a cabo.

Este, no obstante, es el mismo escenario que impera actualmente en la Comunidad, donde la negociación con Vox parece haber entrado en vía muerta y siguen en vigor las cuentas de 2024.

Pese a todo, desde el PP insisten en calificar la medida como una ocurrencia más de la ministra "aparentemente diseñada para ganarse el favor de los docentes y de los sindicatos, sin ningún tipo de planificación, ni previsión, ni lealtad institucional hacia las comunidades autónomas".

"Reclamamos al Ministerio mayor transparencia, diálogo institucional y responsabilidad presupuestaria antes de avanzar en una reforma que, sin una planificación adecuada, podría generar más problemas que soluciones", señalan.