Joaquín, jubilado de 73 años, víctima de okupación: "El okupa tiene un piso en Madrid frente al Bernabéu"

La finca La Viñaza en Épila (Zaragoza) se ha convertido en el centro de un prolongado conflicto familiar y legal entre los hermanos Muñoz, descendientes del antiguo conde de La Viñaza. La disputa enfrenta a Mª José Muñoz, actual propietaria, de 68 años y afectada por una enfermedad neurodegenerativa, con su hermano, diplomático jubilado, quien se encuentra okupando la vivienda principal.

El origen del conflicto se remonta a 2002 con la muerte del padre de ambos Carlos Muñoz de Laborde Rocatallada, Conde de la Viñaza y con residencia en Madrid, donde fallece en diciembre de 2001. Tras más de dos décadas de procesos judiciales el Tribunal Supremo falló en 2020 a favor de MªJosé como propietaria de la finca. Sin embargo, su madre, Dolores Bardin, conservó el usufructo vitalicio hasta su muerte en agosto de 2024, cuando la propiedad pasó definitivamente a manos de su hija.

Según denuncia la familia, el hermano ocultó inicialmente el fallecimiento de su madre y, desde entonces, se ha negado a abandonar la vivienda. Ante esta situación, Mª José interpuso una demanda de desahucio a finales del pasado año, para tratar de desalojar a su hermano okupa de la vivienda.

Cuesta casi 800.000 euros y es el piso okupado más caro de todo Zaragoza: "Está al lado de la Basílica del Pilar"

El procedimiento, sin embargo, se encuentra paralizado después de que el demandado cuestionara la capacidad judicial de su hermana, alegando su enfermedad. La titular del juzgado exigió un informe forense, y el juicio se ha pospuesto hasta noviembre.

Joaquín, el esposo de la propietaria, no oculta su frustración con la legislación actual: "El sistema está siendo tan garantista que al final no sé cuál es el bien a proteger". Subraya que este no es el caso de una persona "vulnerable sin recursos", ya que este okupa "tiene sobrados medios para vivir".

Carmen (88 años), tras recuperar su casa okupada: "Me he quitado de encima un peso muy grande"

"Tiene un piso en Madrid frente al Bernabéu" confirma. Además, asegura que el okupa tiene quien cuide de esta vivienda. "Hablé con el portero del edificio y me dijo que hay unos que vienen para que no entre nadie" asegura.

Desgaste de salud

El prolongado enfrentamiento ha tenido consecuencias directas en el estado de salud de la propietaria. Mª José fue diagnosticada en 2016 de una enfermedad neurodegenerativa que le ha provocado una pérdida severa de sus facultades cognitivas y de movilidad. Cuenta con un 75% de incapacidad reconocida y un grado III de dependencia, lo que la obliga a recibir asistencia permanente.

Su marido, Joaquín, asegura que el deterioro de su esposa se ha visto acelerado por el conflicto judicial. “Parte de su estado actual se debe al desgaste de estos años desde la muerte de mi suegro”, afirma. La familia afronta un elevado coste económico para garantizar los cuidados necesarios y se ha visto obligada a vender la finca. Sin embargo, la ocupación ha frustrado la venta en dos ocasiones.

En un intento de desbloquear la situación, los bienes han sido donados a sus hijas, con la esperanza de que la nueva titularidad facilite la transmisión y evite más retrasos. “Con la actitud tan garantiste de la justicia, tememos que incluso la venta o la donación puedan tener trabas”, lamenta Joaquín.

En la actualidad, las hijas de Mª José, ahora propietarias, aguardan una resolución judicial que les permita disponer de la finca y, así, poder ayudar a su madre en su delicada situación. La pregunta que la familia se hace y que resuena en este caso es clara: "¿Quién es aquí la víctima de indefensión y quién es el que aprovecha los resquicios de la ley?"