Aragón denuncia ante la Fiscalía al alcalde de la gamba roja por sus polémicas e irregularidades en Aguarón

El Gobierno de Aragón ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde del festín de ostras, gamba roja y jamón de bellota, Lucio Cucalón, por el rosario de polémicas y presuntas irregularidades que acumula en sus últimos años de gestión al frente del Ayuntamiento de Aguarón.

El escrito, remitido al fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Zaragoza, lleva la firma de la directora general de Administración Local, Marina Sevilla. En él, el Ejecutivo de Jorge Azcón alerta de adjudicaciones de "determinados contratos y otros gastos" que requieren de un ejercicio fiscalizador de alcance mayor al que dispone la Dirección General.

Lo hace con el objeto de cumplir su "obligación de tutela y control" ante unas actuaciones que "pueden exceder del ámbito de la irregularidad administrativa" y advirtiendo de que también dispone de "información adicional" de la comarca Campo de Cariñena, de la que Cucalón es presidente.

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Entre las supuestas irregularidades destacan las adjudicaciones a Electra Aguarón, empresa de un primo segundo y socio de Cucalón, y el presunto fraccionamiento de contratos en favor de Web Asesores.

El Gobierno aragonés advierte de que Cucalón no solo es "familiar lejano" del titular de Electra Aguarón, sino que existe "una vinculación de amistad manifiesta con sus miembros al ser, junto a ellos, socios de otra mercantil con idéntico domicilio social".

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Todo esto, dice el documento remitido a la Fiscalía, no consta en la obligada declaración de intereses del alcalde. De haber sido así, el regidor tendría que haberse abstenido en las adjudicaciones a Electra Aguarón, cosa que no hizo.

Esto permitió a la compañía facturar unos 235.000 euros al Consistorio en 2024, cantidad a la que hay que sumar otros 30.000 en la comarca Campo de Cariñena. Entre los 235.000 primeros está el contrato de placas fotovoltaicas anulado por el Consejo Consultivo y otros muchos -nada menos que 21- que ni siquiera salieron a concurso público por su 'bajo' importe.

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Mientras, los 30.000 euros de la comarca corresponden a contratos de conservación y mantenimiento de las instalaciones térmicas de la sede, inspecciones periódicas y pagos directos de hasta 10.862 euros "sin que se especifique el concepto".

Otra polémica que aborda el escrito es el presunto 'pelotazo' de 2006, cuando la Sociedad de Desarrollo de Aguarón compró por 5,5 veces más suelos que habían sido adquiridos solo dos años antes por un familiar del alcalde.

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A todas las presuntas irregularidades que denuncia el Ejecutivo autonómico se une el cuestionable gasto recurrente en comida y gasolina que ha ido conociéndose en los últimos meses. No aparece el ya famoso festín de 403 euros, pero sí el cobro de dietas periódicas y gastos protocolarios que "parecen no corresponderse con la realidad declarada documentalmente".

El propio (ex)interventor de Aguarón llegó a alertar del posible encubrimiento de una dedicación parcial del alcalde con facturas que, en su conjunto, alcanzaban los 11.850 euros y cuantías que no se ajustaban a Derecho.

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También de la existencia de declaraciones juradas para poder cobrar dietas por reuniones de las que "no había constancia" pese a que Cucalón las daba por celebradas. Entre ellas, una con la Dirección General de Marina Sevilla, otra con personal de la Dirección General de Interior y Protección Civil y una tercera con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp).

La cosa no queda aquí. El Gobierno de Aragón también pone en duda la factura de 3.200 euros que Cucalón pasó en su condición de presidente de Campo de Cariñena por una comida en el hotel de Cariñena con una "comitiva" de la CHE que resultó ser un solo técnico y varios alcaldes de la zona que ni siquiera recuerdan haber estado. En ella también se incluiría el 'luch' de Navidad que cada año se celebra con los consejeros y empleados de la comarca.

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La DGA advierte de que existen "recurrentes comidas" en este mismo hotel "sin informes justificativos de gastos protocolarios", con facturas que van desde los 902 euros de los meses de junio y julio de 2024 a los 114 de febrero de ese mismo año.

Critica, de igual manera, el desorden en la documentación remitida tanto por el Ayuntamiento como por la comarca, con duplicidades, errores y gastos agrupados que le hacen difícil ejercer su labor de tutela. Uno de los ejemplos más palmarios es el de un tiquet del 'Trasiego Ron Club', en Madrid, que aparece reflejado como gasto farmacéutico.

La denuncia del Gobierno de Aragón acaba con otra práctica de dudosa legalidad: el presunto fraccionamiento de contratos en favor de la empresa Web Asesores.

La DGA recuerda que el asesoramiento legal preceptivo y el control financiero de las entidades locales está reservado a los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, y que estas funciones "no pueden ser desempeñadas ni por personal contratado ni mediante contrato de servicios".

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Sin embargo, en Aguarón hay facturas mensuales de Web Asesores en las que aparece como concepto "asesoramiento jurídico integral para el Ayuntamiento" sin que conste ningún concurso público que lo justifique. En este caso, las ganancias habrían sido de cerca de 28.000 euros.

Una expulsión en el limbo

El escrito de la DGA llega pocos días después del esperpéntico pleno del Ayuntamiento de Aguarón, en el que Cucalón negó haber sido expulsado del PSOE pese a que la dirección autonómica asegura que ya no forma parte del partido.

Durante la sesión, Cucalón se revolvió contra todo y contra todos, asegurando que no hay ninguna causa legal ni judicial que justifique su cese.

"Quiero recordar que mi legitimidad democrática no emana de unas siglas, como creen algunos, sino del voto directo de los ciudadanos de Aguarón. Fui elegido por sufragio universal en las pasadas elecciones municipales y nombrado alcalde conforme a la legalidad vigente. Por tanto, mi responsabilidad es ante este pleno y, sobre todo, ante el pueblo de Aguarón", remarcó.

Y sobre su inexplicable situación en el PSOE, incidió en que “la pertenencia o no a un partido político, incluso en el supuesto de una baja o expulsión interna, no afecta en ningún caso” a su cargo como alcalde ni como concejal. "Se trata de una cuestión interna, pendiente declaración y aún no resuelta de forma firme ni comunicada por los cauces orgánicos establecidos", declaró.

En ese mismo pleno, Cucalón defendió que su trabajo diario ha sido siempre transparente, público y conforme a la legalidad.