El Ministerio dice no tener información sobre los 251 menores que llegarán a Aragón a partir del 28 de agosto

“No se dispone de la información requerida sobre las reubicaciones que puedan producirse a la comunidad autónoma de Aragón”. Es la respuesta del Ministerio de Juventud e Infancia a la carta que envió el Gobierno autonómico para pedir detalles sobre los 251 menores inmigrantes que se trasladarán a partir del 28 de agosto, y de los que no se tienen datos sobre posibles necesidades educativas o sanitarias que requieran.

Desde la semana pasada, los departamentos de Bienestar Social, Educación, Sanidad y Empleo están abordando la llegada de estas personas a final de mes, intentando tener todo preparado para recibir en las mejores condiciones posibles a estos menores. Sin embargo, la falta de información lastra cualquier intento de planificación sobre los posibles recursos que haya que destinar para su cuidado.

Ante ello, el Ministerio alude que el Real Decreto, impugnado sin éxito por el Gobierno aragonés, establece un procedimiento concreto y una serie de plazos para cada persona menor de edad que va a un territorio, ya sea un niño, niña o adolescente recién llegado o ya integrado en el sistema de la comunidad. “El mismo Decreto establece la forma en la que se hará la propuesta de reubicación y los mecanismos bilaterales de coordinación entre las administraciones pertinentes, lo cual incluye lógicamente a las comunidades autónomas”, apuntan en el escrito.

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Así, desde el Departamento de Bienestar Social y Familia lamentan la negativa del Gobierno de España a remitir “ninguno de los datos solicitados” para “planificar con garantías y dignidad la acogida de los 251 jóvenes”. “El Ministerio persiste en ignorar los sucesivos requerimientos de la Consejería sobre los informes que sostienen el reparto de menores no acompañados”, remarcan fuentes del Ejecutivo aragonés.

El Gobierno de Aragón insiste y remarca que “cumplirá con la Ley” y está trabajando para planificar la acogida, pero, añade, lo está haciendo a ciegas, “sin la mínima información que requeriría una respuesta coordinada ante esta situación”. “El debate jurídico planteado respecto a esta cuestión no es un impedimento para que se trabaje con responsabilidad y lealtad en la organización de los traslados y acogida de los menores”, han señalado.

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Para el Gobierno aragonés, esta falta de respuesta constata “una dejación de funciones del Estado” en política migratoria. “Impera la descoordinación y una deliberada opacidad en cada decisión sobre extranjería, y cuyas consecuencias se pretenden derivar a las comunidades vía Real Decreto, sin diálogo ni proporcionalidad. No hay por tanto ninguna clase de planificación ni proyecto para atender a estos menores por parte del Estado”, han añadido.