Los expertos rechazan el 'cupo catalán' y alertan sobre sus efectos en Aragón: "Nos vamos a cargar el Estado de bienestar"

La financiación a la carta pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat podría “cargarse” el Estado de bienestar. Especialmente si el modelo se “extrapola” al resto de comunidades de España como defienden desde el PSOE. Así de claros se muestran el decano de Derecho en la Universidad de Zaragoza y profesor de Derecho Financiero y Tributario Antonio García Gómez; la directora de Financiación y Fondos Europeos del Gobierno de Aragón, Isabel Martín-Retortillo, y el secretario general de Cepyme en Aragón, Carmelo Pérez, en un nuevo foro organizado por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN centrado en los posibles efectos de la reforma de la financiación autonómica.

Desde el punto de vista del derecho es difícil decir si el acuerdo es o no legal. “Todavía se tiene que plasmar en una ley. Además, habría que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Todo esto todavía no está, así que hablar de si es o no constitucional no es fácil. Aparte, con la actual deriva del Tribunal Constitucional tampoco me atrevo a decir ciertas cosas. Yo pensaba que la amnistía era inconstitucional y resulta que no lo es”, reconoce García Gómez.

La financiación autonómica no es un tema “cerrado” en la Constitución. “Da encaje a los conciertos de País Vasco y Navarra, pero no hay nada más. A priori, hablar de acuerdos singulares propios de un sistema confederal en un sistema común no parece lo más adecuado”, afirma.

A esto hay que añadir que por el momento “solo tenemos unas cuantas ideas”, pero no una ley que permita saber cuál es el marco real. Pese a todo, gobiernos como el de Aragón ya han anunciado que tomarán todas las medidas a su alcance para combatir este “atropello”.

Desde el Pignatelli manejan estudios que cifran en más de 230 los millones que se perderían cada año con el ‘cupo catalán’. “No estamos ante una financiación singular sino privilegiada. Supondría romper la caja común. 230 millones son cuatro o cinco hospitales”, expone la directora general de Financiación.

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Que haya habido un acuerdo entre gobiernos supone, a juicio de Martín-Retortillo, una “ruptura total” con el modelo anterior. “Se llame como se llame, no deja de ser el ‘cupo catalán’ y hasta donde yo sé, a día de hoy la Constitución solo reconoce los sistemas de concierto para Navarra y País Vasco. Desde mi punto de vista no tendría encaje constitucional”, remarca.

La incertidumbre generada por todo lo que se está hablando en las últimas semanas podría tener graves consecuencias para las pequeñas y medianas empresas. Las decisiones políticas repercuten “siempre” en el mundo empresarial se vea o no a corto plazo. Quien lo dice es el secretario general de Cepyme en Aragón, que subraya que al sector “le gusta jugar con certidumbre y en una unidad de mercado”. “Que haya posibilidades de tener condiciones económicas distintas entre territorios hace que pueda haber desigualdad de trato. Eso obviamente no es bueno, porque los débiles se llevan siempre la peor parte”, advierte Carmelo Pérez.

Cuantitativamente, las pymes podrían ser las más afectadas. En Aragón había 84.439 empresas censadas a 31 de diciembre, pero de más de 200 trabajadores, solo 116. “La mayoría suelen tener algunas expectativas de ayuda por parte de las administraciones, y si restringimos la capacidad financiera de las administraciones, las expectativas no van a ser las mismas y las dificultades van a ser mayores”, añade.

De extender el ‘cupo’ a toda España se perderían 1.294 millones de euros según las cifras que manejan desde el Pignatelli. Martín-Retortillo lo ve, directamente, inviable. “Yo no veo que esto sea extensible ni siquiera a Cataluña. ¿Que es necesaria una reforma del sistema desde hace años porque todas, en mayor o menor medida, estamos infrafinanciadas? Sí, pero que tenga que ser por la vía de ese pseudo concierto y que se puedan unir Madrid o Baleares no lo veo”, apunta.

Pérez, por su parte, rechaza la imposición de lo que, de facto, sería un cambio de modelo de Estado, ya que esta es una cuestión que “nos afecta a todos”. “El actual está basado en principios como la solidaridad, la igualdad, la cohesión territorial. En definitiva, en que todos los territorios tengamos una financiación mínima para atender de forma igual y equilibrada los servicios públicos fundamentales. Todo eso está a punto de quebrar”, completa la directora general.

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Para Antonio García Gómez, el pecado original viene de la Constitución y el reconocimiento de los derechos históricos de País Vasco y Navarra. “Debería haber habido tabla rasa. Ahora los catalanes están diciendo, ¿y por qué nosotros no y ellos sí? Existe, además, un segundo problema si fraccionamos la Agencia Tributaria”, razona.

El profesor de Derecho Tributario ve “difícil” que haya una ley orgánica que se apruebe esta legislatura: “Llevarlo a la práctica también lo sería. Al final, si lo que se pretende es contentar a todas las comunidades autónomas solo se puede hacer de una manera: dándoles más financiación. Y eso solo se consigue subiendo impuestos o endeudándonos todos más. El dinero es el que es”.

Los impuestos

El 80% del gasto social, indica el secretario general de Cepyme Aragón, sale de tres impuestos: IRPF, IVA y Sociedades. “Si lo troceamos nos vamos a cargar el Estado de bienestar. Hay que ver la perspectiva global porque si no, nos estamos dando tiros en el pie”, comenta.

La reforma del sistema acumula años de retrasos, circunstancia que también ha venido perjudicando a Aragón. El problema, a juicio de la DGA, es que, hasta ahora, las comunidades habían sido siempre capaces de llegar a consensos.

“Lo que se necesita es revisar esa fórmula para que los recursos se repartan de una forma más ajustada al coste real de los servicios. ¿Cómo podemos estar hablando de la reforma del sistema de financiación cuando por otro lado se está negociando otra cosa que es absolutamente incompatible?”, se pregunta la directora general.

En cuanto a la posibilidad de que Cataluña comience a recaudar su IRPF, tanto ella como García Gómez coinciden en que es “imposible” a corto plazo, dado que no tiene medios ni recursos. Esto no sería buena opción en ningún caso, ya que supondría duplicar la administración, mermaría la eficiencia e incrementaría el riesgo de fraude fiscal.

La incertidumbre existente podría llevar a determinadas empresas a replantear sus inversiones. “Todo influye”, resume Carmelo Pérez, dado que cuanta más certeza se dé más opciones habrá de que los proyectos salgan adelante.

“En Aragón, las inversiones anunciadas se tomaron en base a un contexto. Si cambia, ¿pueden replantearse? Pues no lo sé, pero todo hay que meterlo en la coctelera”, asegura.

Trabajo constructivo

Además de oponerse “con todas las medidas legales que procedan en cada paso del camino”, Aragón espera poder seguir trabajando de forma constructiva para conseguir una reforma de la financiación “como toca”.

A pesar de que la región tiene fama de estar bien financiada, “no lo está”. “Por nuestras propias dinámicas poblacionales y nuestras características, pierde peso en el conjunto del sistema de financiación. En los últimos años, si se observa nuestro trocito de tarta se ve que, gradualmente, a pesar de que incrementamos un poco la población y de una dinámica económica muy favorable, perdemos recursos. Si no tenemos capacidad suficiente, va a llegar un momento en el que no podamos prestar de forma adecuada y homogénea los servicios públicos fundamentales en el conjunto de España”, lamenta la directora general.

Actualmente, Cataluña no sale mal en la foto del conjunto del sistema de financiación autonómica. “En cambio, lo que sí tiene es un problema de eficiencia y de gastos que debería mirar”, señala.

Leyes y recursos

Si el Gobierno central aprobase la nueva financiación y las comunidades autónomas recurriesen, ¿terminaría aplicándose? “Como cualquier ley, si no se para, terminaría aplicándose. Poder se puede, pero el escenario es muy difícil en este momento”, incide Antonio García Gómez.

Donde sí hay consenso es en que hay que reformar el sistema, y sobre el papel “no parece tan complicado”. “Podemos llegar a un acuerdo y que haya un diseño claro de lo que es una necesidad de financiación de gasto por habitante ajustado. Y en función de eso, hacer el reparto de unos fondos que son comunes”, completa.

“En mi campo, que es el mundo empresarial, llevamos desde la Transición con la negociación colectiva y hemos demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que nos une. No entiendo por qué los políticos no lo son. Es más importante sumar que dividir, es la manera de progresar y de que todo el mundo se sienta cómodo”, recalca Carmelo Pérez.

Con el sistema actual y la “absoluta libertad” a la hora de reformar impuestos como el de Sucesiones, comunidades como Madrid se han permitido lujos que “otras regiones no se han podido permitir”, lo que ha generado unas diferencias “abismales” que “el ciudadano también percibe” y que “chirrían” desde el punto de vista del cumplimiento del deber de contribuir.

Esto tiene un efecto directo en el ámbito empresarial. “La empresa tiene que valorar dónde paga menos impuestos, porque le puede hacer más competitiva, y eso va a depender del político de turno. Yo entiendo que, en un Estado único como es España, no es muy correcto que 17 comunidades se pongan a competir entre sí”, opina el secretario general de Cepyme .

Presente y futuro

Ninguno de los tres se atreve a vaticinar qué ocurrirá con la financiación, ya que en los últimos años han pasado cosas que jamás pensaron que iban a ver.

“De momento, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que esperábamos tras la bilateral entre Cataluña y el Gobierno central no ha llegado y no sabemos si lo hará en septiembre. Tienen que hacer su trabajo y presentar una propuesta que sea coherente. Trabajos técnicos ya se han hecho todos los que se tenían que hacer. Tienen todo para lanzar un planteamiento sobre el que trabajar”, dicen desde la DGA.

Aragón no comparte, como dice el PSOE, que el modelo se pueda replicar en toda España, ya que eso supondría una fragmentación total del sistema actual, por lo que, llegado el momento, el PP de Jorge Azcón diría ‘no’.

Para expertos como Antonio García Gómez, en el escenario actual es difícil que las comunidades lleguen a un acuerdo sin que Cataluña se salga del pacto. Especialmente sin Presupuestos Generales del Estado en el horizonte. “Con la composición actual del parlamento soy pesimista. Ni siquiera podemos aventurar lo que puede ocurrir cuando el pacto entre ERC y el PSOE de ese primer acuerdo de financiación singular decía ‘A’ y este segundo pacto con el Gobierno dice ‘un poco menos A’. Hay una serie de cosas que se han suavizado”, recuerda.

La principal esperanza para la directora general es que “propongan otra cosa y que sea asumible en esta legislatura o en la siguiente”. El problema, dice Carmelo Pérez, es que en los últimos años se está jugando a una especie de “trilerismo político” que está empezando a tener consecuencias.

“Se promete absolutamente todo y luego ya veremos, muchas veces siendo consciente de que es imposible llevarlo a cabo en la práctica. En el mundo empresarial y laboral está pasando cada dos por tres. Tenemos un Ministerio de Trabajo que cada vez que se le ocurre algo legisla e invade todas las competencias de los convenios colectivos. No tenemos ni idea de cómo va a acabar la partida, pero el balón va a seguir rodando”, augura.