Pedro Sánchez y Jorge Azcón, con el Constitucional de fondo. E. E.
De la tensión a los tribunales: los frentes judiciales entre Aragón y el Gobierno de Sánchez se multiplican
El Pignatelli y La Moncloa tienen causas abiertas por el reparto de menores migrantes, la ley de memoria democrática o las ayudas directas a la sequía.
Más información: El Gobierno de Sánchez lleva a Aragón al Constitucional por negarse a colaborar en el reparto de menores migrantes.
Los frentes judiciales entre Aragón y el Gobierno de Pedro Sánchez se multiplican. La escalada de tensión de los últimos meses ha hecho que la DGA y el Ejecutivo central hayan puesto en manos de la Justicia asuntos clave para el presente y futuro de la Comunidad. La decisión de llevar al Gobierno de Jorge Azcón al Constitucional por negarse a colaborar en el reparto de menores migrantes es el último ejemplo de una lista cada vez más larga que incluye la ley de amnistía, la de memoria democrática o las ayudas directas a la sequía.
El conflicto positivo de competencias del Ministerio de Sira Rego ha sido la respuesta del Gobierno de España a la negativa de Aragón de facilitar los datos sobre los menores que acoge en la actualidad y a los distintos recursos presentados desde el Pignatelli contra las políticas planteadas desde La Moncloa a este respecto.
Sin intención de dar marcha atrás, el Ejecutivo autonómico mantendrá el pulso político a Sánchez hasta que un juez decida qué hacer. Desde el PP insisten en que la ley les ampara ante lo que consideran un reparto injusto que beneficia a Cataluña y País Vasco únicamente por el interés político y personal de Pedro Sánchez.
Sin embargo, para la oposición, todos estos recursos son solo una excusa de Azcón para "confrontar" con Pedro Sánchez y 'ganar puntos' en Madrid. Enfrente tendrán al Gobierno central y a la propia Pilar Alegría, que este martes recordaba que el real decreto es "de obligado cumplimiento", ahondando en la idea de que Aragón es una comunidad insolidaria que viene repitiendo el PSOE en los últimos tiempos.
La política migratoria -línea roja para los exsocios de Vox, de quienes dependía un presupuesto que parece cada vez más imposible- ha sido uno de los asuntos que más ha tensionado la relación entre Madrid y Aragón en esta primera mitad del año, pero no es, ni de lejos, el único que ha enfrentado a unos y otros en lo que va de legislatura.
Ya en febrero de 2024, la derogación de la ley de memoria democrática, uno de los puntos pactados con los de Santiago Abascal a cambio de su apoyo a Jorge Azcón, provocó la reacción inmediata del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres; un recurso que sigue a la espera de que el Tribunal Constitucional dicte sentencia y que, a menudo, ha sido arma arrojadiza entre izquierda y derecha.
Lejos de quedarse aquí, en el horizonte se vislumbran nuevos conflictos que podrían complicar, más si cabe, la relación entre el Gobierno de Aragón y el de Madrid. El Ejecutivo de Sánchez rechaza hasta 24 puntos de la nueva ley de energía de la Comunidad, un documento clave para el desarrollo del territorio y las inversiones milmillonarias anunciadas.
Estas discrepancias se centran en la regulación del autoconsumo en cuanto a que pueda incidir en la unidad de la red de distribución, la regulación de las mancomunidades de energía, que no está prevista en el ordenamiento estatal y comunitario, y en las competencias de la Comunidad para incorporar en su normativa el contenido de las directivas comunitarias.
Tras aplazarse la reunión prevista para este 7 de mayo se prevé un encuentro inminente del que la propia Mar Vaquero dará cuenta a finales de semana en las Cortes de Aragón. Por el momento, la voluntad es de diálogo y conciliadora, aunque, si no se llega a un acuerdo, el texto podría ser carne de tribunales. Para conocer el resultado no hará falta esperar en exceso, ya que las partes se han dado hasta el 30 de septiembre para encauzar el asunto.
