El Consell reclama al Gobierno 803,2 millones de euros por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas y colectivos extranjeros, una cantidad que espera recuperar a través del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria.

La deuda es de 658,6 millones de euros por los desplazados nacionales y 144,6 millones por la atención a personas extranjeras, ha informado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, tras el pleno del Ejecutivo valenciano.

[Las historias clínicas de los SAMU de la Comunidad Valenciana no están custodiadas ni digitalizadas]

El Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) se creó en 2012 para resolver el desequilibrio económico que se produce en aquellas comunidades autónomas que acogen un mayor número de turistas y, en consecuencia, atienden a un mayor número de población desplazada de otras comunidades de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

Hasta la entrada en vigor del RDL 16/2012, el gasto de atención sanitaria a desplazados se hacía a través del Fondo de Cohesión para determinados tipos de asistencia programada en el ámbito de atención especializada.

En este sentido, a partir de su entrada en vigor y con la creación del FOGA, se incluyeron gastos de compensación por atención primaria, asistencia especializada no programada o la programada que no figura en las compensables, así como urgencias y prestaciones farmacéuticas.

Procedimiento

Son las comunidades quienes facturan la atención a los pacientes extranjeros, pero los pagos que realizan los terceros países por los cuidados a sus ciudadanos se transfieren a través de la Administración del Estado (Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad).

Sobre dichos pagos, que se canalizan a través del Fondo de Cohesión, la Comunidad Valenciana tiene pendiente de recibir 144,6 millones de euros por la atención a ciudadanos extranjeros, según explicaron las mismas fuentes. 

En definitiva, el importe total de la deuda del Estado con la Comunidad Valenciana y que se va a reclamar por la atención sanitaria a ciudadanos desplazados a través del FOGA (658,6 millones de euros) y a ciudadanos extranjeros a través del Fondo de Cohesión (144,6 millones) asciende a 803,2 millones de euros.

Tal como publicó EL ESPAÑOL, la Comunidad Valenciana tiene actualmente un serio problema para retener a los médicos que se forman en la autonomía: el 37 % de los médicos que hacen el MIR en la región no se quedan en el sistema de salud público valenciano, según los datos que maneja la Conselleria de Sanidad correspondientes al periodo entre enero y julio de este año. 

Los datos vienen desglosados por especialidades, y reflejan una importante desigualdad por departamentos. Así, mientras que un importante número de los formados en medicina familiar y comunitaria se quedan (123 de 159, el 77 %), casi la mitad de quienes lo hacen en medicina interna, intensiva, radiodiagnóstico psicología clínica o traumatología no lo hacen.