Las provocaciones del portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, a los 1.400 trabajadores del departamento de Salud de Torrevieja no quedará en saco roto. El síndico socialista dudó en sede parlamentaria de la capacidad, conocimientos y experiencia de estos trabajadores calificándoles de "hijos de concejales". 

Aquellos insultos, complementados con la frase: “Hijos de concejales que queremos tener las mismas condiciones que el personal estatutario”, fueron respondidos por parte del comité de empresa con la petición de dimisión.

Al mismo tiempo, la concesionaria del departamento, Ribera Salud, ha decido salir en defensa de sus empleados. Ayer les anunció mediante un comunicado interno que se querellará contra el portavoz socialista. La empresa quiere mostrar el "apoyo y reconocimiento" de sus trabajadores "en este momento de incertidumbre".

Alberto de Rosa, apoderado general del departamento, lamentó que se ponga en duda la valía de los profesionales que tanto esfuerzo y dedicación han demostrado durante 15 años". "No vamos a permitir ningún comentario que denigre su integridad profesional", les explicó De Rosa.

Por eso, la "tolerancia cero" hacia los "insultos y agresiones verbales" hacia los profesionales se verá reflejada en una querella contra mata en los juzgados. Además, solicita al comité de empresa que se unan a la denuncia. Se está negociando.

Incertidumbre

Y es que desde el Gobierno Botánico (PSOE-Compromís-Podemos) llevan mareándoles meses sobre su próximo futuro laboral, filtrando la posibilidad de revertir el departamento a través de Empresa Pública o utilizando el mismo proceso que se usó en 2018 para revertir Alzira.

En el trasfondo de la situación está el hecho de que el departamento actualmente gestionado de forma público-privada por Ribera Salud, cumplía su contrato el próximo 15 de octubre. La empresa y los trabajadores quieren que se ejecute la opción de 5 años de prórroga, como estaba recogido en la adjudicación.

Desde la izquierda valenciana, no obstante, se han tomado el asunto como una cuestión ideológica y no quieren negociar la prórroga. Prefieren que baje la calidad asistencial en la comarca a que una empresa siga gestionando de forma público-privada la sanidad. 

Como ha venido informando este diario hay una experiencia previa, la del hospital de Alzira, un desastre de gestión de la reversión investigado por el Tribunal Supremo. No acreditó con números una mejor gestión. Y es que la Generalitat, entonces sólo gobernada por PSOE y Compromís revirtió la concesión dejando a los trabajadores en el condición de "personal laboral a extinguir".

Eso significa que no tienen derecho a reconocimiento de experiencia profesional, ni a traslados y ni a prejubilaciones. Y al mismo tiempo pierden los derechos que por convenio tenían con Ribera Salud. 

Compromís y Podemos se oponen a la figura de la empresa pública. han asegurado a los trabajadores que impedirán este procedimiento y este viernes está previsto que el asunto pase por el pleno del Gobierno valenciano. Para ellos, la reversión de Alzira fue el modelo a seguir. Los trabajadores de aquel departamento valenciano siguen dos años después marginados en un intento por parte de la Generalitat de que sean minoría frente a los estatutarios, con nuevas contrataciones.