¿Es el silencio del Gobierno sobre las casas de Guardamar garantía de supervivencia para los vecinos de Playa Babilonia?

Más de un mes después de la victoria por la vía de los hechos de los vecinos de Playa Babilonia de Guardamar sobre la Dirección General de Costas cuyas máquinas pretendían derrumbar sus centenarias casas, los vecinos por el momento no han recibido ninguna información ni comunicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la socialista Sara Aagesen, ni de forma personalizada ni a las asociaciones.

Sin embargo, el pasado martes la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros, volvió a amenazar a la Generalitat Valenciana con acudir al Tribunal Constitucional por la declaración de “núcleo urbano con especiales valores etnológicos” al amparo de la nueva Ley autonómica 3/2025 sobre la protección y ordenación de la costa valenciana, de las casas que construyó el ingeniero Mira a principios del siglo XX para proteger a Guardamar de las dunas.

Alegría anunció que se había aprobado un nuevo requerimiento de incompetencia dirigido a la Generalitat Valenciana por haber admitido la declaración de la playa de Babilonia como "núcleo de especial valor etnológico", decisión que implica la paralización de las demoliciones y entra en conflicto con la Ley de Costas y varias sentencias judiciales. "Esta declaración choca con la aplicación de la Ley de Costas y el cumplimiento de varias sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo", señaló.

Frenan el derribo de las Casas de Babilonia de Guardamar hasta nuevo aviso

Como ha explicado el secretario de la Asociación de Vecinos Playas de Guardamar, Manuel López, a este diario, la única información que les ha llegado del Ministerio procede, hace una semana, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente que dirige Hugo Morán. "Un email en respuesta al requerimiento para mantener una reunión en Madrid que le hicimos llegar tras la 'marcha de la arena' desde Guardamar a través de la Subdelegación del Gobierno".

"En una línea nos ha despachado que hablemos con los responsables de la Dirección General de Costas en Alicante. Algo que nos extraña porque su respuesta siempre es que este asunto se lleva directamente desde el Ministerio, en Madrid", añade López.

En el trasfondo de la situación se halla un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat Valenciana. Desde el Gobierno ya manifestaron cuando se procedió a la declaración por parte de la Generalitat que "las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre son exclusivas del Estado, según la Constitución Española y la legislación básica de costas, y que la regulación autonómica no puede contravenir este marco".

Aprobada la Ley de Costas valenciana, los ayuntamientos podrán pedir proteger sus núcleos etnográficos costeros

Frente a estas acusaciones a la Generalitat Valenciana de haber vulnerado "el principio constitucional de unidad y primacía del dominio público estatal", desde el ejecutivo autonómico de Carlos Mazón se contestó que tiene otorgadas competencias en materia de gestión del litoral y dominio público marítimo-terrestre en su Estatuto de Autonomía, concretamente en los artículos que regulan las competencias exclusivas y compartidas de la Comunitat Valenciana sobre ordenación del territorio, urbanismo y protección del medio ambiente.

Desde Valencia se subraya que el traspaso de competencias en gestión del litoral sería "plenamente conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y al desarrollo constitucional del Estado de las Autonomías", subrayando la necesidad de colaboración institucional y respeto al autogobierno autonómico ante posibles conflictos jurídicos con la Administración central.

Comisión paritaria

En 2025, la Generalitat Valenciana ha solicitado formalmente la convocatoria de una Comisión Mixta Paritaria de Transferencias con el Estado, específicamente relacionada con la reciente Ley 3/2025 de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, para negociar el traspaso de competencias de gestión sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Sin embargo, el Gobierno central todavía no ha confirmado oficialmente la constitución ni la reunión efectiva de dicha comisión, y la Generalitat ha manifestado públicamente la falta de avances y colaboración efectiva por parte del Estado en la creación de este órgano a lo largo del año, especialmente tras acontecimientos relevantes como la riada que afectó a la Comunitat Valenciana.

Ahora los vecinos quieren que ambas administraciones se pongan de acuerdo y que la decisión que se tome se les comunique.