El expresidente del PP y de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, ha negado este martes que distintos empresarios se pusieran en contacto con él para influenciarle y pactar el contrato de la planta de residuos del plan zonal de la Vega Baja, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la comarca: "Nadie hizo nada de eso, pero tampoco lo habría permitido".

Ripoll ha defendido así su inocencia en la primera jornada del juicio del caso Brugal, en el que está acusado de amañar la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja entre 2008 y 2009 y en el que también han declarado como acusados los empresarios Ángel Fenoll y Antonio Ángel Fenoll y Rafael Gregori. 

El expresidente de la Diputación, que se ha acogido a su derecho de responder solamente a su abogado, ha negado la existencia de otros informes alternativos a la comisión técnica, aunque ha puntualizado que sí pidieron informes jurídicos para fundamentar algunas decisiones: "Nadie me facilitó informes alternativos. Desconozco que existieran y no fue motivo de debate en ninguna reunión de la junta de Gobierno", ha sostenido.

Preguntado por si alguno de los técnicos había despachado con él para conocer anticipadamente ciertos informes, Ripoll ha asegurado que no y que tampoco compartió "opiniones", ni se relacionó con miembros de la comisión, en una causa que está dentro de las veinte piezas separadas del 'caso Brugal', iniciado por supuestas anomalías en la concesión de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela. 

Ripoll ha asegurado que este plan zonal de la Vega Baja estaba conformado por una comisión en la que la Diputación "solo tenía el 15 % de los votos", al tiempo que ha defendido que a la hora de la adjudicación, el órgano de contratación era la junta de gobierno, "pero también una mesa de auxilio de contratación para recoger las plicas". 

Previamente a Ripoll había declarado el industrial oriolano Ángel Fenoll, quien se ha declarado inocente y ha señalado que no podía declarar, lo que ha conducido a la Fiscalía a leer su declaración efectuada durante la fase de instrucción, un hecho que ha provocado que los letrados de la defensa plantearan al tribunal que iba contra los derechos fundamentales.

Tras él, se ha declarado inocente el hijo del anterior, Antonio Ángel Fenoll, quien, no obstante, no ha querido declarar. Por su parte, el empresario Rafael Gregori solo ha contestado a preguntas de su abogado, al que ha negado los hechos que se le imputan, al tiempo que ha reconocido su amistad "desde la infancia" con Enrique Ortiz, a quien "suministró camiones".

Sin embargo, Gregori ha sostenido que no tenía "ninguna relación comercial" con la Diputación, así como también ha lamentado que pese a haber tres años de intervenciones telefónicas solo se haya podido escuchar "de algunos meses" y sin "estar todas", lo que le ha llevado a "preparar la defensa sin escuchar muchas de ellas y solo con los escritos de los informes policiales".

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que, entre 2008 y 2009, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes al contrato del vertedero del plan zonal por el que Ortiz lograba la adjudicación, pero compraba una finca a Fenoll para compensarle.

En ese acuerdo, según la acusación pública, medió la supuesta entrega de prebendas, como dos viviendas situadas en el centro de Alicante a favor de Ripoll.

La Fiscalía solicita inicialmente penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para Ripoll al considerarle responsable de los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

El proceso sobre el plan zonal, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la Vega Baja, se dirige contra Ripoll, Ortiz y Fenoll y otras diez personas, entre las que figura la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente.