El tridente de Poseidón y el BOE: la batalla por las costas españolas

Las recientes declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidiendo a comunidades autónomas y ayuntamientos que “no estorben” en la gestión de la costa, junto al llamamiento de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al respeto de la normativa europea, vuelven a colocar sobre la mesa una cuestión mucho más profunda que un simple debate técnico: cómo se ejerce el poder desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y qué papel se concede realmente a los territorios en la gestión del litoral.

No es un asunto menor. Las comunidades autónomas costeras no solo conviven con el mar: viven en gran medida de él. En territorios como la Comunidad Valenciana, el turismo representa aproximadamente el 17 % del PIB, siendo una de las principales fuentes de riqueza y empleo. Buena parte de esa actividad se sustenta precisamente en la existencia de playas atractivas y accesibles.

Esos ingresos, generados por millones de visitantes, alimentan las arcas públicas y permiten sostener servicios, infraestructuras y bienestar reduciendo indirectamente la presión fiscal que recae sobre los ciudadanos.Por eso, cuando se habla de la gestión del litoral, no se discute únicamente sobre arena, temporales o deslindes administrativos. Se discute sobre economía, sobre equilibrio institucional y sobre la relación entre el Estado y la propiedad privada.

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En la mitología griega, cuando los hombres se enfrentaban a fuerzas que no comprendían, solían atribuirlas a la voluntad caprichosa de los dioses. El mar era dominio de Poseidón, imprevisible y poderoso, capaz de castigar a los mortales con una sacudida de su tridente. Aquella explicación tenía sentido en un mundo sin ciencia ni ingeniería.

Pero han pasado milenios desde entonces. Hoy sabemos construir diques, gestionar sedimentos, modelizar dinámicas costeras y diseñar barreras móviles capaces de contener el agua. Resulta, por tanto, sorprendente que en pleno siglo XXI algunos discursos sobre el litoral español parezcan regresar a una lógica casi mitológica: la idea de que frente al mar solo cabe resignarse, retirarse o sacrificar derechos adquiridos como si fueran inevitables ofrendas al destino .

España presenta en este debate una singularidad difícil de encontrar en el mundo desarrollado. Somos, en la práctica, el único país de la Unión Europea donde viviendas privadas construidas legalmente han pasado a convertirse en concesiones administrativas temporales, lo que muchos juristas consideran una forma de expropiación diferida. El propietario sigue viviendo en su casa, pero jurídicamente sabe que ya no es plenamente suya.

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Este planteamiento entra en tensión con una tradición filosófica muy sólida en Occidente. Para John Locke, uno de los padres del pensamiento liberal moderno, la propiedad privada constituye una extensión natural del trabajo y de la libertad individual. El Estado existe, precisamente, para proteger ese derecho. Cuando el poder público se convierte en el principal factor de inseguridad jurídica, la relación entre ciudadano y Estado entra inevitablemente en crisis.

Incluso desde una perspectiva distinta, pensadores como Thomas Hobbes justificaban la existencia del Estado como un garante del orden frente al caos. Pero ese orden se fundamenta en un pacto: los ciudadanos ceden parte de su libertad para obtener seguridad. Cuando el poder público genera incertidumbre sobre derechos adquiridos, ese pacto comienza a resquebrajarse.

Mientras España debate sobre deslindes y concesiones, el resto del mundo ha seguido otro camino: la ingeniería y la adaptación. El ejemplo más conocido es Países Bajos. Allí, durante siglos, el ser humano no retrocedió ante el mar del Norte: lo empujó hacia atrás. Mediante pólderes, diques y complejos sistemas hidráulicos, los neerlandeses han ganado cerca de 7.000 kilómetros cuadrados de territorio al mar. Ciudades como Ámsterdam o Róterdam viven literalmente por debajo del nivel del mar, y nadie ha planteado que sus habitantes deban abandonar sus casas ni que sus propiedades se transformen en concesiones temporales.

Otros países han seguido estrategias similares. Japón ha construido islas artificiales para infraestructuras estratégicas, como el aeropuerto internacional de Osaka. Singapur ha ampliado su territorio en más de un 20 % mediante rellenos costeros planificados. Incluso ciudades históricas como Venecia han optado por complejas soluciones de ingeniería -como el sistema de compuertas MOSE- para protegerse del agua sin renunciar a su patrimonio ni a su población.

La filosofía de la ciencia ofrece aquí una advertencia interesante. Karl Popper sostenía que una teoría debe poder someterse a prueba y, si es necesario, ser refutada. Cuando una explicación se convierte en una respuesta universal para cualquier fenómeno, corre el riesgo de transformarse en dogma. Algo similar parece ocurrir cuando el cambio climático se utiliza como explicación única para problemas que también tienen causas mucho más concretas y medibles.

Porque la reducción de muchas playas españolas no se explica únicamente por el clima. Cuando se aprobó la Ley de Costas de 1988, numerosas playas superaban los cien metros de anchura media. La pérdida posterior de arena tiene una explicación bien conocida por los ingenieros costeros: la interrupción del transporte natural de sedimentos.

Durante décadas se han construido presas, embalses y grandes infraestructuras fluviales que retienen los sedimentos que antes llegaban al litoral. A ello se suman puertos y diques que alteran la dinámica costera e impiden la redistribución natural de arenas. El resultado es simple: las playas se estrechan porque el sistema sedimentario ha sido alterado río arriba.

No es un misterio climático. Es física, hidrología y planificación territorial. También conviene recordar quién permitió que muchas viviendas se construyeran cerca del mar. Durante décadas fueron las propias administraciones públicas las que aprobaron planes urbanísticos y concedieron licencias. Como advertía Hannah Arendt, una de las tentaciones recurrentes del poder es diluir su responsabilidad en abstracciones colectivas.

El caso de Dénia ilustra bien esta paradoja. Allí se han construido viviendas hace menos de dos años en la misma línea, en la misma acera donde otras edificaciones llevan décadas asentadas. Sin embargo, algunas de esas viviendas históricas han quedado afectadas por deslindes del dominio público marítimo-terrestre mientras que las nuevas no lo están.

A veces basta cruzar la calle para comprobar cómo unas casas entran en el dominio público y otras quedan fuera , pese a compartir prácticamente la misma distancia al mar. Esto plantea inevitablemente una pregunta incómoda: ¿estamos ante decisiones estrictamente técnicas o ante interpretaciones administrativas donde la ideología pesa tanto como la geomorfología?

El mar Mediterráneo, además, no es un océano de grandes mareas. El mar Mediterráneo es un sistema relativamente estable desde el punto de vista oceanográfico. Eso no significa que no existan temporales, pero sí que el contexto físico es muy distinto al de otras costas europeas donde, paradójicamente, no se aplican políticas tan restrictivas sobre la propiedad.

La verdadera cuestión, por tanto, no debería ser si debemos abandonar nuestras costas, sino cómo protegerlas inteligentemente. Porque las sociedades que prosperan no se limitan a temer a la naturaleza. La estudian, la comprenden y construyen soluciones para convivir con ella. Renunciar a defender lo ya construido cuando existen soluciones técnicas probadas en medio mundo no sería prudencia ni realismo.

Sería, simplemente, aceptar que en España, en pleno siglo XXI, el tridente de Poseidón pesa más que el conocimiento humano … y, a veces, incluso más que el propio BOE.
Porque si en el siglo XXI la ingeniería puede contener al mar pero el Estado no puede proteger la propiedad de sus ciudadanos, entonces el verdadero problema no está en la naturaleza, sino en la política. Las civilizaciones no se hunden cuando avanza el agua, sino cuando retrocede el respeto por la ley y por los derechos de quienes la sostienen.

Francisco Ros es presidente de la Asociación en Defensa de Playas Norte Dénia (apnDenia)