El Leviatán contra el litoral: la erosión del derecho y la apoteosis del dogma

Existe una forma de erosión que no se mide en metros de arena perdidos, sino en la degradación de los cimientos morales de una nación: la quiebra de la seguridad jurídica. Lo que hoy presenciamos en las costas españolas no es un fenómeno puramente climático, sino una patología administrativa de hondo calado.

Es el proceso mediante el cual el Estado, actuando como un Jano bifronte, decide que la misma mano que ayer extendió licencias, selló escrituras y recaudó plusvalías, hoy empuñe la maza del deslinde para declarar la caducidad de la propiedad privada.

Cuando el hogar legalmente constituido se transmuta en una "concesión precaria", no solo retrocede la línea de costa; retrocede el Estado de Derecho hacia un atavismo donde la voluntad del soberano prevalece sobre el contrato social.

El otro drama en Dénia y Guardamar: el propietario debe asumir el coste de demolición de su casa si Costas la expropia

La narrativa oficial, a menudo amplificada por un ecologismo de salón, nos intenta convencer de que el avance de las aguas es un castigo bíblico por nuestra "osadía" de habitar la costa. Es una falacia técnica que ignora la hidrodinámica más elemental. El Mediterráneo, un mar de pulsaciones mansas y fluctuaciones apenas perceptibles -lejos de las violentas mareas del Mar del Norte o el Atlántico-, no es el verdugo. El verdugo es la gestión hidráulica del Estado .

Es un dato empírico y devastador: las infraestructuras estatales, (embalses, presas, puertos…) retienen hoy el 96% de los sedimentos que los ríos deberían depositar de forma natural en el litoral.

El Estado es, simultáneamente, el incendiario y el bombero: tras desecar el aporte natural de arena con sus presas y embalses, utiliza esa misma degradación para justificar la confiscación de las viviendas que se han quedado desprotegidas por su propia negligencia. No es "fuerza mayor" climática; es una irresponsabilidad administrativa sistémica. Expropiar una vivienda porque la playa ha desaparecido -cuando el Estado ha secuestrado la arena que la mantenía- es una perversión del derecho que convierte a la víctima en el responsable financiero del error público.

En este tablero de ajedrez territorial, la Comunidad Valenciana ha emergido como el bastión de una resistencia racional. Su Generalitat, integrada en ese bloque de diez autonomías que exigen un cambio de paradigma, intentando legislar desde la proximidad, entendiendo que la protección del ecosistema es indisoluble de la protección de su tejido humano. Sin embargo, nos hallamos ante una flagrante asimetría institucional.

Resulta intelectualmente deshonesto observar cómo el Gobierno central desplegó alfombras rojas hacia el País Vasco… transfiriendo sin trabas las competencias costeras, mientras interpone recursos y trabas burocráticas a la normativa valenciana. Esta política de "geometría variable" sugiere que la protección del litoral no responde a criterios de elevación del nivel del mar, sino a conveniencias de aritmética parlamentaria.

¿Es el mar más sagrado en el Mediterráneo que en el Cantábrico, o es que los derechos de propiedad de los valencianos pesan menos en la balanza de las alianzas políticas?

Dénia

Si existe en todo el litoral mediterráneo un epicentro de esta sinrazón, ese es Dénia . Allí, más de 3.000 viviendas se encuentran atrapadas en un laberinto de servidumbres y deslindes que desafían cualquier lógica técnica. El espectáculo es dantesco: en una misma calle, bajo una misma dinámica de oleaje, nos encontramos con que una vivienda es declarada Dominio Público Marítimo-Terrestre mientras la colindante, en la misma acera, se libra del estigma.

¿Es esto rigor técnico o pura arbitrariedad? Cuando el trazado de una línea administrativa divide el destino de dos familias que comparten cimientos, estamos ante el fracaso del peritaje oficial. Los técnicos de la administración parecen haber abandonado la física y la geología para abrazar la discrecionalidad política. No se ajustan a sus propias normas de modelización; actúan como cartógrafos de una distopía donde el derecho de propiedad depende del capricho de un trazo sobre un mapa satelital, ignorando que detrás de cada punto hay un proyecto de vida que cumplió con cada requisito legal que el propio Estado le impuso.

Costas aprueba el deslinde definitivo de las playas de Dénia con todavía a 3.500 afectados y 100 casas expropiadas

Mientras en España se impone la estética de la ruina y la rendición, el resto del mundo civilizado demuestra que la soberanía sobre el territorio se defiende con ingeniería, no con expropiaciones. Otros estados no ven el mar como un enemigo inevitable, sino como un desafío que requiere inversión: Países Bajos es el referente absoluto. Han ganado más de 7.000 km^2 al mar. Su provincia de Flevoland, con casi 1.000 km2, es un monumento a la resiliencia. No demuelen hogares; construyen diques y pólderes que garantizan la seguridad jurídica de millones de personas.

Japón ha ganado más de 250 km2 mediante rellenos tecnológicos, construyendo aeropuertos y ciudades enteras sobre el agua sin necesidad de confiscar el patrimonio previo.
• Singapur: Ha incrementado su superficie terrestre en un 25% desde su independencia (pasando de 581 km2 a más de 720 km2). Su política es clara: el suelo es un recurso estratégico que se crea y se protege, no se abandona.

Mónaco, con su proyecto Le Portier, está ganando 6 hectáreas al Mediterráneo con cajones de hormigón que regeneran la biodiversidad marina, demostrando que la coexistencia entre lujo, vivienda y ecología es una cuestión de voluntad técnica.

La ONU señala a España por su modelo de costas: expropiaciones sin garantías y menos participación ciudadana

En este escenario, el papel de organizaciones como Greenpeace trasciende la defensa ambiental para adentrarse en la ingeniería social. Su defensa acérrima de la "demolición de hogares" como solución prioritaria es un postulado ideológico envuelto en retórica científica. La organización ha construido una identidad basada en paradojas insostenibles:

La paradoja energética: Se oponen frontalmente a la energía nuclear, la fuente más estable de bajas emisiones, mientras claman por una descarbonización urgente; la contradicción extractora: exigen una electrificación masiva basada en baterías, pero denuncian sistemáticamente los proyectos de minería de litio, cobalto y cobre necesarios para fabricarlas.

Y por último, el silencio cómplice: guardan un silencio atronador sobre las grandes ampliaciones portuarias -promovidas por el Estado- que son una de las causas de la erosión, prefiriendo poner en su diana al pequeño propietario, un objetivo mucho más débil y simbólicamente rentable.

¿Es filantropía o es una agenda de sometimiento ? Presentar la expropiación como la "única oportunidad" frente al cambio climático es una forma de mesianismo que busca mentalizar al ciudadano de que el esfuerzo de una vida -el ahorro convertido en hogar- es una ofrenda legítima al altar de su ideología. Un ciudadano sin propiedad es un ciudadano dependiente, más permeable a la tutela estatal y menos propenso a disentir.

El verdadero dique: la libertad

El cambio climático es una realidad geológica constante, pero la adaptación no puede ser una coartada para que el Estado se desentienda de sus responsabilidades. Si el mar avanza porque la arena no llega, el Estado debe reponerla. Si la infraestructura portuaria bloquea la costa, el Estado debe corregirla. Lo que no puede hacer un Estado digno de tal nombre es convertir su propia incompetencia en un título de expropiación.

Defender la costa es una obligación, pero hacerlo confiscando hogares legales es un fracaso ético y democrático. Si permitimos que se instale la idea de que el Estado puede declarar prescindible hoy lo que autorizó ayer, habremos perdido algo mucho más valioso que un tramo de playa: habremos perdido la confianza en que las leyes significan algo. Porque cuando la línea que separa la legalidad de la arbitrariedad se vuelve borrosa, no es solo el mar el que avanza: es la libertad la que retrocede hacia el abismo de la incertidumbre.

"El mar solo reclama lo que la física le permite; el Leviatán, cuando pierde el norte de la justicia, reclama lo que el ciudadano ha construido con el esfuerzo de su vida y la fe en la ley. No nos engañemos: el verdadero naufragio no ocurre en la orilla, sino en los despachos donde la seguridad jurídica se disuelve antes que la arena."

Francisco Ros es presidente de la Asociación en Defensa de Playas Norte de Dénia.