Unas casas en la playa de Dénia.
Mazazo del Constitucional a la Ley de Costas valenciana: suspenden la protección de las casas tradicionales
El tribunal admite el recurso del Gobierno de Sánchez y deja sin efecto la figura de 'núcleo etnológico' del Consell para frenar derribos en la Comunitat Valenciana.
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La batalla legal por la primera línea de la playa en la Comunitat Valenciana acaba de dar un vuelco dramático. El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España, lo que supone la suspensión inmediata de los apartados clave de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.
Esta decisión deja en el aire la figura de "núcleo urbano de especial valor etnológico", el blindaje legal con el que la Generalitat pretendía proteger las viviendas tradicionales frente a los deslindes y las órdenes de demolición del Ministerio para la Transición Ecológica.
La suspensión, como recoge Efe, afecta directamente al artículo 17 de la norma valenciana. Esta era la herramienta con la que el Consell de Carlos Mazón buscaba reconocer como "patrimonio" conjuntos residenciales históricos que, por su ubicación, están bajo la amenaza de la Ley de Costas estatal de 1988.
Puntos negros del litoral alicantino, como las emblemáticas Casas de Babilonia en Guardamar del Segura o las viviendas de Les Deveses en Dénia, vuelven a quedar desprotegidos tras este auto. El Gobierno central sostiene que la Comunitat Valenciana se ha extralimitado en sus competencias, vulnerando artículos fundamentales de la Constitución que reservan al Estado la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
La decisión del Constitucional llega tras meses de tensión en una comisión bilateral entre Madrid y la Generalitat que ha terminado en vía muerta. Aunque se lograron acuerdos en otros puntos de la ley, el choque ha sido total en lo referido a los núcleos de valor etnológico.
Para el Gobierno de Sánchez, la ley valenciana es "arbitraria" y choca con la normativa básica estatal. Para los propietarios y el Consell, es la única forma de evitar que la piqueta acabe con un modelo de vida tradicional que forma parte de la identidad de los pueblos costeros valencianos.
¿Qué ocurre ahora?
La suspensión tiene efectos retroactivos desde el 26 de febrero de 2026. Esto significa que:
Parálisis administrativa: cualquier expediente de protección abierto bajo la ley valenciana queda congelado.
Incertidumbre en los derribos: los procesos de deslinde que estaban frenados por la norma autonómica podrían reactivarse según el criterio de Costas.
Batalla jurídica a largo plazo: el Tribunal Constitucional deberá ahora entrar en el fondo del asunto para decidir si la Generalitat tiene potestad para proteger estas viviendas o si, por el contrario, prevalece el "rodillo" estatal.
