El drama de las playas de Dénia: los 3.000 afectados llevarán sus casos a los tribunales europeos, plantea uno de sus abogados

El centenar de viviendas afectadas en Dénia por los deslindes aprobados por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y los otros 3.000 afectados del municipio alicantino en diferentes grados sobre sus parcelas, pueden recurrir a la Justicia europea. Al menos así lo plantea el abogado de algunos de ellos, Rafael Lillo, que está asistiendo estos días en el proceso de participación pública de la nueva Ley de Costas autonómica.

Lillo recuerda que ya en el preámbulo de la reforma de la Ley de Costas Nacional, de 2013, se recoge explícitamente que "un informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, insta a las autoridades españolas 'a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Se refiere al informe Auken (sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario) de 2009, que se realizó a petición de los afectados por la Ley de Costas de 1988.

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En este preámbulo de reforma legal se añadía: "Estos derechos deben ser contemplados por la Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley debe regular". No obstante, explica Lillo, esta filosofía de la ley no tuvo su traslado al articulado de la reforma legal, "que solo tuvo una modificación parcial de algunos preceptos, lo cual es una burla a los afectados por los deslindes de la Dirección General de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la socialista Sara Aagesen) ".

Lillo recuerda que muchos de ellos llevan décadas de una lucha constante frente a la administración estatal ya que en 1995 ya se plantearon unos deslindes que no terminaros de tramitarse. "Por eso al aprobarse en el BOE los nuevos deslindes se han archivado lo antiguos. Un factor más de inseguridad jurídica para los afectados porque no pueden estar abiertos dos procedimientos paralelamente".

Otra de las irregularidades cometidas por la Dirección General de Costas es realizar la regeneración de la playa de Les Deveses al mismo tiempo que tramitaba los deslindes. "Porque si los deslindes se marcan donde ha llegado una ola, por ejemplo en el temporal Gloria, no tiene sentido que se marquen cuando se ha ampliado la playa", explica Lillo.

MITECO

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"Además, si el Gobierno tiene encomendada la labor de proteger el Dominio Público Marítimo Terrestre, también tiene encomendada la protección y regeneración del litoral. Y mientras pone mucho celo en lo primero ha olvidado su obligación en el caso de la rehabilitación de las playas durante décadas".

Por último, el abogado señala que cualquier expropiación forzosa conlleva la aplicación de un justiprecio y su correspondiente indemnización. "Pero en el caso de Costas se agarran a una jurisprudencia, en mi opinión nefasta, del Tribunal Constitucional que cambia la indemnización por una concesión por un determinado número de años. Con lo cual no se salvaguarda el derecho constitucional a la propiedad que también recoge la Carta de los Derechos de la UE".

Es por eso, por lo que el abogado está estudiando plantear, cuando termine el periodo de los recursos y los afectados tengan que ir al contencioso-administrativo, "una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo" contra lo que considera "un atropello de los derechos fundamentales por parte del Estado". Con ello, la vía administrativa tendría que paralizarse hasta que se resolviera en Europa la cuestión prejudicial.