Los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, han sido citados a declarar como investigados por el Juzgado de Instrucción 2 de Dénia el próximo 12 de noviembre. Ambos primeros ediles, que son pareja, tendrán que responder de su vacunación presuntamente irregular en un centro de salud de Verger el 8 de enero de 2021.

Tal y como informó este diario, accedieron a sendas dosis pese a no pertenecer a grupos de riesgo en uno de los momentos más duros de la pandemia. Coll, preguntado por EL ESPAÑOL, justificó su vacunación como algo normal entonces, pese a que no pertenecía a los grupos señalados para la vacunación prioritaria.

Estaba "haciéndose un vino" debajo de casa de su madre y le llamó la directora del Centro de Salud de la localidad para que se "pasase" porque "habían sobrado vacunas", manifestó. también, que había dirigido muchos trabajos municipales de medidas contra la pandemia que hacían que pudiese considerarse un trabajo de riesgo, aunque su profesión es la de fontanero.

"Yo no he quitado la vacuna a nadie. Desde el Centro de Salud se llamó a siete personas aparentemente sanas porque habían sobrado viales destinados a sanitarios enfermos de gripe, confinados o que no se la querían poner, e iban a caducar", alegó entonces.

En junio de este año, la Fiscalía formuló denuncia, únicamente, contra ellos y contra el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano (PP), por los mismos hechos. En su escrito el fiscal señaló que existen indicios racionales para considerar que estos primeros ediles recibieron los viales infringiendo el protocolo establecido, al no formar parte de los grupos prioritarios de vacunación.

La semana pasada, el Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa rechazó el recurso planteado por el alcalde Cano para archivar el caso argumentando tanto el consentimiento de Sanidad como su condición de médico para justificarlo.

Todos ellos se enfrentan pues a un supuesto caso de cohecho impropio pasivo, puesto que en los tres casos pudieron recibir la vacuna por su condición política, aseguró el Ministerio Público en su denuncia.

Cano perdió las competencias de Deportes en la Diputación de Alicante por la presión del socio de Gobierno del PP, Cs y, por lo tanto, su sueldo. En el PP, partido en el que milita, han abierto un expediente informativo y están a la espera de la resolución judicial. 

Por su parte, el PSPV-PSOE expedientó a sus dos alcaldes ya en enero, cuando se conoció la noticia, con suspensión cautelar de militancia en la formación política.