La Policía Nacional ha desarticulado en Elche (Alicante) una red supuestamente dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, a las que mantendían en condiciones "deplorables" con obligación de estar disponibles "en todo momento" para los clientes y en régimen de semiesclavitud. Además, las castigaban y dejan varios días sin apenas comer.

Los agentes han liberado a diez víctimas y detenido a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de prostitución, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y trata de seres humanos. El juez ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los detenidos, entre ellos, la principal responsable de la organización criminal, según ha informado la Policía en un comunicado.

El operativo policial ha permitido la práctica de cinco entradas y registros, tres de ellas en prostíbulos. En el marco del 'Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines para la Explotación Sexual', los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, asentada en la localidad de Elche, que estaría especializada en delitos relativos a la prostitución de ciudadanas sudamericanas así como al tráfico de drogas al menudeo.

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La principal investigada, considerada responsable de la organización criminal, supuestamente organizaba y dirigía de manera estable y de forma jerarquizada el reparto de tareas entre el resto de integrantes. Los detenidos actuaban a modo de 'call center' y mediadores para contratar los servicios sexuales y ejercían un "control absoluto" sobre los prostíbulos donde las mujeres eran explotadas.

20 años de antecedentes

Una vez estudiada la estructura de la organización criminal, se pudo determinar que sus integrantes estarían actuando desde hace, al menos, cuatro años, si bien la principal investigada y líder presentaba una trayectoria delictiva de más de 20 años, con numerosos antecedentes por delitos relativos a la prostitución, de manera que había convertido la explotación de mujeres sudamericanas "en su modo de vida".

A raíz de esta trayectoria profesional había creado un entramado empresarial con la finalidad de dar apariencia legal a sus ilícitas actividades y, por lo tanto, "otorgarles de mayor opacidad para dificultar una posible investigación policial".

La organización contaba con una gran infraestructura que le permitía controlar hasta cuatro pisos/chalets prostíbulos, la mayoría de ellos localizados en Elche. Una muestra del gran volumen de negocio que manejaban es que uno solo de estos 'pisos-prostíbulos' generaba más de 150.000 euros al mes, lo que les permitía llevar un "alto nivel de vida" tanto por las viviendas de lujo en las que residían como en los vehículos de alta gama que conducían.

Medidas de seguridad y ausencia de ventanas

Las víctimas debían estar disponibles "en todo momento" para los clientes en turnos de 24 horas durante los siete días de la semana y no disponían de libertad para salir a la vía pública. Además, la organización contaba con unas férreas medidas de seguridad y control sobre las mujeres, que tenían que convivir todas ellas hacinadas en condiciones de insalubridad.

De hecho, según la Policía, no disponían de lugares donde debían permanecer el resto del tiempo mientras no prestaban servicios sexuales, ni tan siquiera ventanas. Los presuntos autores llegaban a ejercer castigos sobre las mujeres que consistían en dejarlas varios días sin apenas comer, únicamente alimentándose de agua y algunos trozos de pan.

En la fase de explotación de la investigación, se logró la detención de los miembros de la organización a la vez que se practicaron varios registros simultáneos en los diferentes locales/prostíbulos que regentaban. En total se realizaron cinco entradas y registros en la localidad de Elche, tres de los cuales eran pisos/prostíbulos ubicados dos de ellos en el barrio de Carrús y el tercero en el barrio de Altabix.

En los registros practicados se intervino abundante documentación relacionada con los delitos investigados como libretas de contabilidad de los servicios realizados por las víctimas o agendas telefónicas, distintas cantidades de sustancias estupefacientes, 54.000 euros en efectivo, así como diverso material informático, terminales móviles y dos vehículos de alta gama.

Además se han bloqueado activos inmobiliarios por valor de más de un millón de euros, propiedad de la considerada líder de la organización.

Los detenidos son cinco mujeres y tres hombres, de nacionalidad francesa, venezolana, colombiana y ecuatoriana, de entre 21 y 65 años, que han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad de Elche. Cuatro han ingresado en prisión, entre ellos, la principal responsable de la organización criminal.