Cuando el síndico socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, pactó en diciembre con Compromís y Unidas Podemos implantar una tasa turística en la Comunidad, la primera reacción en los despachos de la Agencia Valenciana de Turismo fue soltar lastre. A pesar de estar dirigida también por un socialista (Francesc Colomer), el mensaje que se intentó trasladar fue que nada tenía que ver el acuerdo parlamentario entre partidos políticos con lo que la Administración debía impulsar, por mucho que los gestores públicos perteneciesen a esos mismos partidos. Es más: se deslizó que Colomer no sabía nada de que se iba a firmar un acuerdo de estas características.

La tesis desde entonces es la siguiente: no existe una relación directa entre lo que PSOE, Compromís y Unidas Podemos impulsan en las Cortes, donde tienen mayoría, con la voluntad del Gobierno del Botánico para hacerlo. De hecho, parece que ambas circunstancias son contradictorias, teniendo en cuenta que tanto Colomer como el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han repetido hasta la saciedad que "no es el momento" de gravar las estancias turísticas. 

¿Por qué entonces firmó el PSOE el acuerdo? Existen dos posibilidades. O bien lo hizo el propio Mata por su cuenta, como una concesión a sus socios (es una reivindicación histórica de Compromís y Unidas Podemos) en la antesala de la aprobación de los presupuestos, o directamente Puig está jugando con dos barajas: una para los empresarios y otra para sus compañeros en el Palau. 

Porque lo cierto es que el discurso socialista con este tema ha perdido ya cualquier tipo de coherencia. Por un lado, el documento firmado por los partidos del Botánico explica de manera clara que "antes del mes de marzo" se presentará una propuesta firme para diseñar el nuevo impuesto. Sin embargo, Puig ha asegurado esta misma semana en Fitur que "no hay prisa" por sacarlo adelante. Teniendo en cuenta que el jefe del Consell es también el secretario general de los socialistas valencianos, es imposible que ambas afirmaciones sean ciertas. ¿Cuál es la buena?

La prueba de los ayuntamientos

No faltará mucho para despejar la incógnita, porque el PSOE se va a tener que retratar como muy tarde en el próximo mes. En primer lugar, porque los plazos corren y Compromís y Unidas Podemos siguen adelante con su hoja de ruta. Los tres partidos se comprometieron a llamar a los agentes turísticos en enero o febrero, y de momento no ha habido ninguna llamada para concretar reuniones. Cabe la posibilidad de que su intención sea presentar el documento sin consensuarlo con nadie, pero eso supondría incumplir lo firmado y, además, dar munición a los detractores de la tasa en la antesala de una operación que ya se antoja complicada.  

En el otro lado de la bancada, el PP ha decidido aprovechar esta contradicción para hacer sangre con la fiscalidad. No solo porque entronca con la campaña lanzada por su presidente autonómico, Carlos Mazón, de que el Ejecutivo autonómico vive en un "infierno fiscal", sino que además explota las debilidades del partido que aspira a la centralidad (el objetivo del PSOE es convertirse en el partido de todos los valencianos, según Puig) por las evidentes hipotecas que tiene con sus socios. 

Por último, queda la incógnita de su aplicación. La mayor parte de los municipios turísticos ya han dicho que no aplicarán la tasa: Benidorm, Alicante o Torrevieja, por ejemplo. De hecho, el tributo parece hecho a la medida de Valencia, donde gobierna Compromís y se ha mostrasdo partidario de aplicarla. ¿Qué hará allí el PSOE? De momento el PP ya ha ofrecido los votos de todos sus concejales para evitar que se aplique en cualquier municipio de la Comunidad. De nuevo, la pelota está en el tejado de Puig.