Pantalla en la Bolsa de Londres.
La jueza del caso Finetwork preguntará a la bolsa de Londres si Zegona informó de su reestructuración
La operación busca una posible contradicción entre lo comunicado al mercado y la versión sostenida para justificar la adquisición de la firma alicantina.
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La magistrada del caso Finetwork preguntará a la Bolsa de Londres si Zegona, la matriz británica de Vodafone España, informó de la reestructuración de la firma alicantina o si, por el contrario, comunicó al mercado su intención de integrarla como tercera marca comercial del grupo junto a Lowi y Vodafone.
La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante nº 9 busca una prueba documental para comprobar si justificaron la toma de control de Wewi (conocida comercialmente como Finetwork) como un rescate para mantener a Finetwork como una empresa independiente, como hicieron ante el juez mercantil de Alicante, o si, por el contrario, informaron de que adquirían la firma para integrarla en su estructura empresarial.
La diligencia estimada por la jueza busca una contradicción entre el relato comunicado al mercado bajo obligación legal de veracidad y el relato sostenido ante el órgano judicial, lo que sería, según el querellante, "una prueba documental privilegiada de la estafa procesal" cometida presuntamente por la compañía durante la adquisición de la firma alicantina, según sostiene la querella presentada contra el CEO de Vodafone España, José Miguel García, por parte del fundador de Finetwork, Pascual Pérez, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Alicante.
Las sociedades cotizadas en el London Stock Exchange (Bolsa de Londres) están obligadas a publicar estos comunicados oficiales cuando se producen hechos relevantes para los inversores. Su contenido debe ser veraz, completo y no susceptible de inducir a error al mercado y Zegona Communications PLC, en su condición de matriz de Vodafone España, estaba sujeta a esa obligación respecto de la operación Finetwork.
Así, el eldense Pascual Pérez acusa a García de un presunto delito de administración desleal agravada y de estafa procesal debido a que considera que en octubre de 2025 "Vodafone obtuvo fraudulentamente el control de Wewi mediante el plan homologado por vía improcedente", al, presuntamente, ocultar al juzgado que sus socios se oponían a la operación, eludiendo así una tasación de la compañía.
Vodafone España se hizo con el control de la firma de Elda para compensar la deuda de la compañía, en un proceso que ha sido anulado de facto por la Audiencia Provincial de Alicante, que devolvió el control a sus dueños originales.
El fundador de Finetwork afirma que, en los seis meses en los que García actuó como administrador simultáneo de ambas sociedades, "transmitió la marca Finetwork a Vodafone; licenció de vuelta la marca a Wewi con una cláusula de extinción automática programada para activarse cuando Wewi recuperara su autonomía; infló artificialmente las deudas de Wewi frente a Vodafone; cerró sus centros de trabajo; dejó a Wewi sin cobertura aseguradora propia; y posicionó a Vodafone como acreedor mayoritario por 227 millones para instar el concurso necesario una vez recuperado el control por los socios originarios".
![José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10869679.jpg?p=w:320\/h:240&h=V_iHFZRz"])
El resultado final diseñado era que, según destaca en la querella, "cuando la jurisdicción devolviera Wewi a sus socios, estos recibirían una empresa sin marca utilizable, sin sede propia, sin seguros, con una deuda de 227 millones frente a Vodafone y con medio millón de clientes perdidos. Una empresa condenada a la insolvencia inmediata y necesaria".
La magistrada ha citado al consejero delegado de Vodafone España a declarar como investigado el 1 de septiembre al apreciar indicios de un presunto delito de administración desleal agravada y, si acepta la medida cautelar solicitada, tanto García como la compañía, propiedad de Zegona, tendrán que abonar la cantidad mínima de 50 millones de euros de fianza en un plazo máximo de 24 horas por los presuntos perjuicios económicos ocasionados durante su mandato.
