Azud de Ojós, que el MITECO quiere restaurar pero que no tiene conducción desde las desaladoras.
Tras la sentencia del TS, ¿dónde están las medidas correctoras prometidas por el Gobierno a los regantes alicantinos?
El Gobierno tiene manos libres para decretar las nuevas Reglas de Explotación mientras los proyectos prometidos siguen estancados y las infraestructuras de sustitución prometidas no llegarán en 2027.
Más información: El Supremo asesta un golpe definitivo al trasvase Tajo-Segura: los caudales ecológicos son "intocables"
La batalla judicial por el agua para Alicante, Murcia y Almería quedó a la semana pasada finiquitada con el peor de los escenarios previstos para el sur de la Comunitat Valenciana. El Tribunal Supremo ha asestado el golpe definitivo al trasvase Tajo-Segura al declarar los caudales ecológicos del río Tajo como "intocables", desestimando de forma íntegra el último recurso de peso que mantenía con esperanza al Sindicato Central de Regantes (SCRATS). Esa es la realidad para el campo de Alicante: debe aceptar y acatar la sentencia, aunque no haya entrado en el fondo del asunto.
Con esa sentencia el Alto Tribunal ha blindado jurídicamente el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, dejando claro que la protección ambiental del eje del río es prioritaria y legalmente previa a cualquier transferencia de agua hacia la cuenca del Segura. Y gracias a ella el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se ha quedado con las manos libres para aprobar por decreto unas nuevas y temidas Reglas de Explotación del Trasvase.
Tras meses de parálisis bajo el pretexto de esperar el dictamen judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez puede activar unas normas de envío de agua que la agricultura alicantina ya vaticina catastróficas. Los regantes temen que se confirme el peor de los escenarios: un calco de los borradores filtrados en 2025 que reducían de forma drástica los envíos automáticos mensuales, amenazando con convertir el acueducto en una infraestructura residual.
Ante este panorama de recortes encadenados, la pregunta que recorre el Campo de Elche, las pedanías de Orihuela y las explotaciones de la Vega Baja es unánime: ¿Dónde están las medidas correctoras que el Ejecutivo prometió para mitigar el hachazo al trasvase?
El MITECO ha puesto todas las manzanas en la cesta de la desalación. Ha sido gran bandera del MITECO para apagar el incendio en el Levante, prometiendo movilizar hasta 140 hm3 adicionales de recursos alternativos. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos oficiales de la sociedad estatal Acuamed demuestra que la ingeniería civil lleva un ritmo muy distinto a los tiempos a las promesas del Gobierno.
Las obras físicas para duplicar la capacidad de la desaladora de Torrevieja -pasando de 80 a 120 hm3 anuales— encaran su recta final de ejecución para estar operativas en torno a octubre de 2026, forzadas por los plazos de justificación de los fondos europeos Next Generation. No obstante, para los agricultores alicantinos, este hito es un espejismo estéril. Habrá más agua, pero ¿a qué precio? y sobre todo, ¿con qué destino?
Las infraestructuras
A día de hoy no se ha ejecutado la gran conducción reversible que conecte la planta desaladora de Torrevieja con el Azud de Ojós (Murcia), el verdadero distribuidor del postrasvase Tajo Segura. Sin esa macro-tubería, es técnicamente imposible impulsar el agua desalada hacia el interior para que suba por gravedad y abastezca a la Margen Izquierda del acueducto, dejando al Campo de Elche en una situación de desconexión e indefensión hidrológica.
¿Dónde irá el agua desalada? Previsiblemente al embalse de La Pedrera de Orihuela. Un emplazamiento que solo sirve para mandar agua al Campo de Cartagena, no hacia la Margen Izquierda, que debe distribuirse desde el embalse de Crevillente. En las notas emitidas tanto por Acuamed como por las empresas adjudicatarias (Sacyr/Ferrovial), se explicita textualmente que la ampliación tiene como objetivo "asegurar el abastecimiento a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y para el riego de los cultivos del Campo de Cartagena"
![Desaladora de Torrevieja.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/03\/29\/alicante\/economia\/752185206_232025115_1706x960.jpg"])
El Campo de Elche, por tanto, está obligado a negociar con el Campo de Cartagena que Murcia reciba agua desalada y ellos, lo poco que llegue del trasvase.
El propio Ministerio ha sacado a licitación anteproyectos para nuevas plantas alternativas, también en Águilas y Torrevieja, evidenciando que las soluciones definitivas tardarán todavía un lustro en materializarse. Si todavía no se ha terminado la ampliación de la planta de Torrevieja, ¿cuándo estará disponible una nueva planta que todavía está en fase de estudio?
La trampa energética
El segundo gran incumplimiento se esconde en la factura eléctrica del agua. El Gobierno central prometió amortiguar el elevado coste del agua desalada mediante la construcción de grandes parques solares fotovoltaicos aparejados a las plantas, fijando por convenio un precio subvencionado de unos 0,34 €/m3 para el regadío.
La realidad administrativa es que, mientras las naves de ósmosis de Torrevieja se amplían, el proyecto de la planta solar fotovoltaica que debe alimentarlas está estancado en un desierto burocrático de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y tramitaciones de líneas de evacuación de alta tensión. El contrato de 89,5 millones de euros que se está ejecutando para ampliar la desaladora contempla únicamente la ingeniería industrial.
Las actuaciones fotovoltaicas se tramitan de manera completamente independiente y a través de proyectos separados por parte de la empresa pública Acuamed. No hay ni un solo panel instalado. Cuando la ampliación de la desaladora empiece a funcionar en el tramo final de 2026, lo hará consumiendo energía de la red general a precio de mercado.
Sin el colchón renovable propio, el coste de producción por metro cúbico se disparará, abocando al Estado a inyectar millones en subvenciones imprevistas o a trasladar un precio inasumible a unos agricultores ya asfixiados.
El oasis de 2026
Paradójicamente, el año 2026 no registrará tensiones dramáticas en el campo alicantino, pero no por el éxito de la gestión del Ministerio, sino por la benevolencia de la climatología. Las cuantiosas lluvias registradas en el centro peninsular han mantenido a los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) en una cómoda situación de normalidad hidrológica, oscilando entre los niveles 1 y 2, con reservas que superan holgadamente los 1.000 hm3 efectivos.
Esto garantiza transferencias automáticas y regulares a corto plazo. La gran incógnita, y el verdadero peligro estructural, se sitúa en el día después. La meteorología de la península ibérica es cíclica y la sequía volverá. ¿Qué ocurrirá cuando las reservas de la cabecera del Tajo caigan y el sistema entre obligatoriamente en el Nivel 3 (situación hidrológica excepcional)?
En ese escenario, con las nuevas Reglas de Explotación en la mano, el Ministerio dispondrá de total discrecionalidad para cerrar el grifo casi por completo. Si ese momento coincide temporalmente con el horizonte restrictivo de 2027 y las conducciones al Azud de Ojós siguen sin construirse, el Campo de Elche y el regadío de la Margen Izquierda se asomarán al abismo del desabastecimiento. El agua estará en el mar de Torrevieja, pero las cosechas de Alicante se secarán por falta de un tubo que las salve.
