Una acequia para el regadío en la provincia de Alicante.
El Supremo asesta un golpe definitivo al trasvase Tajo-Segura: los caudales ecológicos son "intocables"
La justicia desestima el recurso de los regantes y abre la puerta a un cambio inmediato en las reglas que afectará al regadío de la provincia de Alicante.
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El escenario hídrico para las provincias de Alicante y Almería junto a la Región de Murcia acaba de dar un giro determinante. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos en el río Tajo.
Esta decisión judicial supone un varapalo para los regantes alicantinos, quienes impugnaron el Real Decreto 35/2023 alegando que los criterios técnicos utilizados perjudicaban los derechos de uso de agua en la cuenca del Segura. Según los recurrentes, existía una "voluntad política de poner fin al trasvase" mediante el aumento paulatino de estos caudales.
Sin embargo, la sentencia es tajante. La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha calificado el fallo como "quizá la sentencia más dura del Tribunal Supremo para el Levante". Su presidente, Borja Castro, ha subrayado a Efe que el texto deja claro que "los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y están por encima del trasvase".
Desde la perspectiva del sector primario en Alicante, el impacto es directo. Los regantes sostenían que la nueva planificación hidrológica implicaba un "perjuicio social y económico" al reducir drásticamente el volumen de agua trasvasable. Pese a ello, el Supremo ha concluido que el decreto "no infringe la legalidad vigente ni la jerarquía normativa".
La justicia también ha rechazado la tesis de la falta de coordinación entre cuencas. La sentencia argumenta que "la implantación de caudales ecológicos progresivos es la mejor expresión de esa coordinación". Este punto invalida las quejas de los demandantes, que consideraban arbitraria la fijación de los nuevos niveles del río.
Ante este nuevo panorama, el Gobierno central busca equilibrar la balanza. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que se intenta mantener la "compatibilidad de los caudales ecológicos y del regadío". Y así ha calificado ambos elementos como "absolutamente fundamentales".
![El presidente del SCRATS, Lucas Jiménes, junto al presidente de la Región de Murcia, López-Miras, y los diputados del PP de Alicante, Murcia y Almería ayer en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/13\/actualidad\/1003743756102_255556162_1706x960.jpg"])
No obstante, el mensaje para los agricultores alicantinos es de adaptación. Planas ha defendido la modernización de las infraestructuras y la búsqueda de alternativas como las "aguas recicladas o desaladas". El Ejecutivo recuerda que ha invertido 2.500 millones de euros en modernización hasta 2027 para paliar la falta de recursos hídricos convencionales.
La consecuencia más inmediata de este fallo será legal. El Ministerio para la Transición Ecológica estaba esperando esta resolución para modificar las reglas de explotación del trasvase. Castro ha exigido que se convoque "de inmediato" la mesa de trabajo para presentar unas reglas "adaptadas a la realidad legal y ambiental actual".
Para los municipios ribereños, la batalla judicial ha terminado con una "doctrina clarísima". Según Borja Castro, tras este espaldarazo del Supremo, "ya no valen excusas políticas sino que ahora solo queda cumplir la ley". El futuro del regadío en Alicante queda ahora pendiente de cómo se redacten esas nuevas normas que darán prioridad absoluta a la salud ecológica del Tajo.
![El conseller Vicente Martínez Mus junto al alcalde de Orihuela, PePe Vegara y el catdrético Joaquín Melgarejo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/10\/07\/alicante\/economia\/891671627_249817701_1706x960.jpg"])
