Varios anuncios de viviendas a la venta en la fachada de una inmobiliaria.
El calvario de buscar piso protegido: "Me pidieron 40.000 euros en negro delante del agente inmobiliario"
El escándalo de las VPO de Les Naus destapa una práctica 'cotidiana' en el mercado: sobreprecios en B, presiones a las agencias y falta de control.
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En Alicante estos días no se habla de otra cosa. El caso de las viviendas de protección oficial (VPO) del residencial Les Naus, en la playa de San Juan, revienta el debate sobre el acceso a la vivienda y la corrupción en una ciudad donde encontrar un piso ya es, directamente, un deporte de riesgo.
El escándalo de las adjudicaciones de VPO en la zona de Condomina (Playa de San Juan) ya se salda con varios apartados de sus cargos: el director de Gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez; la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; además de un arquitecto municipal y un técnico de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.
Pero el caso no solo golpea a la política. También destapa una realidad incómoda: este verano aparecen varias de esas VPO anunciadas en un portal inmobiliario, y sale a la luz una conversación con una inmobiliaria en la que el agente explica, sin rubor, que "la mitad"del precio hay que pagarla en negro. Un piso protegido que ronda los 200.000 euros acaba rozando los 450.000 con dinero B.
El episodio de Les Naus funciona como una lupa. El fraude en la vivienda protegida no es un fenómeno exclusivo de Alicante. Se arrastra desde hace años en muchas ciudades de España, se comenta en voz baja y, sin embargo, rara vez se corta de raíz.
Lo más inquietante es la normalización. En demasiadas operaciones, el dinero en negro deja de ser una excepción para convertirse en una 'condición', que expulsa del mercado a quienes quieren hacerlo legalmente o dependen de una hipoteca. El resultado es una presión añadida sobre un mercado ya tensionado, con poca oferta y precios que no dejan de subir
El "rechazo" del sector
Desde la Agrupación de Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal) lo tienen claro: rechazo absoluto. Andrés Broullón, integrante del comité ético de la organización, lamenta que estas irregularidades sean ya un hecho "cotidiano", alimentado por la avaricia y por la falta de vigilancia institucional, según le ha contado a EL ESPAÑOL de Alicante.
Broullón explica que muchos agentes acaban "entre la espada y la pared" por la presión de los propietarios. El vendedor exige comercializar la vivienda con un sobreprecio en negro y, si la agencia se niega, amenaza con retirarles el encargo.
El problema de fondo, insiste, es que muchos propietarios no aceptan la lógica de una VPO. "La gente no logra entender que no puede aspirar a un precio mayor porque ese producto no es un producto libre", argumenta. Y remata con una frase que resume el clima del mercado: "La avaricia y la ambición predomina sobre todo".
El representante de Inmoadal amplía el foco. Para él, el fraude no se limita a la VPO. También se reproduce en alquileres y en vivienda libre, con rentas declaradas por debajo de la realidad o pagos en efectivo para evitar tributar por el incremento patrimonial.
Broullón insiste en que, aunque estas prácticas se han ido normalizando, Inmoadal mantiene una postura de rechazo absoluto. A su juicio, ningún agente bien cualificado puede aceptar un sobreprecio en negro, ni mucho menos trasladarlo al comprador.
El integrante del comité ético pone el foco en la falta de control público. Señala a las instituciones por la ausencia de inspección real y advierte de que las normas, sin vigilancia, acaban perdiendo eficacia.
Como vía de solución, plantea que los portales inmobiliarios incorporen filtros que obliguen a comprobar el precio máximo legal de una VPO antes de publicar el anuncio, evitando que se comercialicen viviendas protegidas como si fueran de mercado libre.
El residencial 'Les Naus' Alicante.
Sanciones económicas
Por su parte, el abogado experto José Vicente Puchol explica que el atractivo de estas VPO se dispara precisamente por su ubicación, en una de las zonas más cotizadas de Alicante.
Al estar en la playa de San Juan, se convierten en viviendas "muy golosas", porque su precio está limitado por ley mientras el mercado libre en la zona se mueve en cifras muy superiores. Esa diferencia, advierte, es lo que alimenta el fraude.
Sobre las consecuencias, el letrado aclara que las sanciones dependen del tipo de infracción o infracciones que se acrediten, pero en general son de carácter económico.
Y subraya un matiz importante: la normativa actual no contempla que se le quite la vivienda al propietario, sino que se actúa mediante multas y sanciones administrativas.
Casos reales
Más allá del ruido político, el fraude tiene víctimas. R.S., inscrita como demandante de vivienda protegida, relata a este periódico su experiencia como buscadora activa en Alicante.
Cuenta que visita un piso protegido en una urbanización de Benisaudet, Nou Alacant y se encuentra con una escena que todavía le cuesta creer. Sobre el papel, el precio respeta la normativa. Pero cuando llega el momento de hablar claro, aparece el golpe: "Después en negro me pedía 40.000 euros".
Lo más grave, subraya, es que no es una conversación clandestina. La exigencia se produce con total normalidad, con el propietario y el agente inmobiliario presentes: "Estaban ahí los dos".
R.S. asegura que el caso no es aislado. Advierte de que, si se revisan portales inmobiliarios, muchos anuncios que piden estar inscrito en el registro de demandantes "son todos así".
En otra ocasión, ni siquiera hace falta llegar a la visita. La inmobiliaria le plantea las condiciones ilegales directamente por teléfono. Ella corta de raíz: "Dije que no iba a verlo. ¿Para qué voy a ir?".
Un edificio del barrio de Benisaudet, Nou Alacant.
El desgaste termina por expulsarla del sistema. R.S. confiesa que lleva "un montón de tiempo" sin ir a ver pisos, porque se niega a entrar en ese juego.
Una práctica extendida
El fraude no se limita a la vivienda protegida. En los últimos meses, esta redactora ha buscado piso en Alicante y se encuentra con una realidad que se repite con inquietante frecuencia: de cada diez viviendas visitadas, en al menos cuatro se plantea pagar una parte en B.
En un piso en el barrio de La Florida, una propietaria pide 15.000 euros en negro con una justificación que ya suena a clásico: asegura que la casa le costó "muy barata" en su día y no quiere pagar tantos impuestos. Incluso admite que tiene a varias personas interesadas y que se lo acabará dando "a la que más dinero en negro" pueda darle.
En otra vivienda en Los Ángeles, un tercero sin ascensor anunciado por unos 120.000 euros, la agente inmobiliaria suelta la condición nada más entrar: el propietario exige 10.000 o 15.000 euros en B. Cuando se le responde que eso no es legal, ella minimiza el delito: "No pasa nada. Son cosas que se hacen".
También hay agencias que ya ni disimulan. Por teléfono, sin visita y sin filtro, algunas lo plantean como un trámite para "no perder el tiempo". Y en un bajo de los años 60 en Virgen del Remedio, por 115.000 euros, una agente llega a insinuar que la propietaria valora positivamente que el comprador "quiera darle una cantidad en negro".
Qué dice la normativa
La vivienda protegida en la Comunitat Valenciana tiene reglas claras. Mientras sigue dentro del periodo de protección, no se puede vender libremente ni al precio que se quiera, y se necesita autorización administrativa previa.
El precio máximo también está regulado. Con el Decreto 180/2024, el módulo base se fija en 2.400 euros por metro cuadrado útil, y los anejos como garajes o trasteros se limitan al 60% de ese módulo.
Además, la Generalitat puede ejercer derechos de tanteo y retracto, lo que le permite quedarse con la vivienda en las mismas condiciones si lo considera oportuno.
Para acceder a una VPO, se exige estar inscrito como demandante, cumplir límites de ingresos (no superar 6,5 veces el IPREM al año), no disponer de otra vivienda en propiedad y destinarla a residencia habitual y permanente.
