Ineca lo confirma: los gastos en vivienda y electricidad comprimen el presupuesto de las familias alicantinas

La provincia de Alicante llega al actual episodio inflacionista con una debilidad estructural: dispone de una renta disponible media de unos 21.500 euros, frente a más de 25.000 en el conjunto de España, lo que la sitúa varios peldaños por debajo del promedio nacional. En términos de PIB per cápita, la posición también es rezagada: el territorio se ha movido en los últimos años en el último tercio del ranking provincial, con niveles que apenas alcanzan en torno al 75% de la media española.

Para el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) que ha lanzado este estudio las consecuencias son preocupantes: este menor nivel de renta implica que cualquier aumento del coste de vida impacta con mayor dureza sobre la economía doméstica, porque las familias tienen menos colchón para absorber subidas.

A esta brecha de ingresos se suma una estructura salarial y de pensiones poco favorable. Las bases medias de cotización y las pensiones de jubilación en la provincia figuran entre las más bajas del país, lo que limita la capacidad de gasto y ahorro de amplias capas de la población. La consecuencia es un tejido social especialmente expuesto a los ciclos de precios: cuando el IPC sube por encima de la media nacional, como ha ocurrido de manera recurrente en los últimos meses, el golpe sobre las rentas bajas y medias es inmediato.

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El análisis de la evolución reciente del IPC en Alicante muestra que el principal foco de presión se concentra en el grupo de vivienda y suministros esenciales. En los últimos meses, el apartado “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” ha registrado en la provincia incrementos anuales de precios que superan con claridad la media nacional, en algunos ejercicios con diferencias de varios puntos porcentuales. Este comportamiento implica que las facturas de luz, agua y gas crecen más en Alicante que en el conjunto de España, a la vez que el coste de disponer de una vivienda en propiedad o en alquiler no deja de escalar.

El mercado residencial ya venía tensionado: en los últimos años el precio medio de la vivienda en la provincia ha acumulado subidas cercanas al 30%, impulsado por la demanda interna y extranjera y por la fortaleza del sector turístico e inmobiliario. Para un hogar con ingresos modestos, dedicar una parte creciente del sueldo al alquiler o a la hipoteca, y otra fracción cada vez mayor a los suministros energéticos, reduce al mínimo el margen disponible para alimentación, transporte, educación o ocio. De este modo, la inflación no solo encarece la cesta de la compra, sino que comprime de forma directa el espacio financiero de las rentas bajas y medias.

La inflación supera a la media nacional

Los datos recientes del índice de precios al consumo reflejan cómo Alicante viene encadenando meses en los que el aumento del coste de la vida supera al promedio español. En uno de los últimos registros, la provincia anotó una variación anual del IPC en torno al 3,3%, por encima del dato nacional y situándose entre las provincias con mayores incrementos de precios. Además, la Comunitat Valenciana en su conjunto aparece con sus tres provincias por encima de la media del país en crecimiento del IPC, lo que dibuja un mapa de presión inflacionista especialmente intenso en este territorio.

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Aunque el dato anual de cierre de 2024 en Alicante ronda una subida de precios del 2,7%, el promedio de variación a lo largo del año y la composición de la inflación explican por qué la sensación ciudadana es de fuerte encarecimiento. La subida en vivienda, suministros y algunos servicios clave no se ve compensada por un crecimiento equivalente en los salarios ni en las pensiones, de modo que el poder adquisitivo se erosiona. Para muchas familias, el resultado es la necesidad de recortar gastos no esenciales, posponer decisiones de inversión o endeudarse para mantener un nivel de vida básico.

Paradójicamente, los informes de coyuntura señalan que la economía alicantina ha mostrado en los últimos trimestres tasas de crecimiento positivas, con un avance del PIB per cápita y de otros indicadores como depósitos de particulares o actividad empresarial. Sin embargo, este progreso no se está traduciendo en la misma medida en una mejora de la situación de las familias, sobre todo de aquellas con menos recursos. El diagnóstico apunta a un problema de fondo: un tejido productivo muy orientado a sectores de bajo valor añadido, con elevada temporalidad y salarios contenidos, que genera empleo pero no suficientes rentas estables y altas.

Los analistas de la provincia insisten en la necesidad de acometer cambios estructurales: impulsar el crecimiento en tamaño de las empresas, atraer inversiones de mayor contenido tecnológico y diversificar la economía más allá del turismo y la construcción, para que el crecimiento económico se transforme en renta y bienestar. Mientras esas reformas no se consoliden, la combinación de baja renta per cápita e inflación por encima de la media condena a muchos hogares alicantinos a vivir permanentemente al límite, con la vivienda y los suministros como principales factores de presión.