Playas de Gandía, donde el conseller Martínez Mus anunció la tramitación del POC.
La Generalitat inicia los trámites para sepultar el polémico PATIVEL de Ximo Puig y aprobar el nuevo POC
Prorroga la tramitación de la Cala Mosca de Orihuela, una de las actuaciones "transitorias" de aquel plan, para poder avanzar en su urbanización.
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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio somete desde hoy a consulta pública previa el proyecto de ley del Consell de aprobación del Plan de Ordenación Costera (POC), de protección y ordenación de la costa valenciana.
Es el segundo de los dos ejes de la nueva Ley de Costas valenciana (el primero fue el de los núcleos etnográficos), que sustituirá al controvertido PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) aprobado por el Gobierno de Ximo Puig, con muchos problemas en los tribunales.
Esta consulta pública es previa a la elaboración del proyecto de referencia, el Plan de ordenación costera (POC) previsto en la Ley 3/2025, y estará abierta durante un plazo de un mes. El objetivo es recabar todo tipo de información por parte de los implicados (ayuntamientos, promotores, vecinos, grupos ecologistas...) para poder consensuar una normativa en forma de decreto que aclare de una vez por todas las normativas aplicables para la construcción en las inmediaciones de la costa valenciana.
El pasado 19 de noviembre, el conseller Martínez Mus en Gandía explicó que “la hoja de ruta de este Consell es clara y firme en la defensa, protección y ordenación de la costa valenciana”, un compromiso que “cumplimos con la aprobación de la Ley de la Costa el pasado mes de mayo, porque el litoral valenciano no puede seguir siendo un espacio vulnerable, desprotegido o sujeto a vaivenes” ha recordado.El objetivo, por tanto, es conjugar esa protección natural con el desarrollo.
Se trata de acabar con la inseguridad jurídica que provocó la aprobación del PATIVEL. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo declaró nulo al considerar que el decreto de aprobación incumplía requisitos formales esenciales.
Los jueces señalaron tres carencias principales: la falta de un estudio económico-financiero, la omisión de informes específicos sobre género, familia e infancia y la inexistencia de una evaluación ambiental y territorial estratégica “real” con análisis suficiente de alternativas.
Diversas empresas inmobiliarias y propietarios afectados presentaron recursos contencioso‑administrativos contra el plan, al entender que restringía de forma intensa sus expectativas urbanísticas en miles de hectáreas del litoral. El Tribunal Supremo revocó esa sentencia y ordenó dictar una nueva decisión que entrara a valorar el fondo del plan, corrigiendo los argumentos formales utilizados para tumbarlo.
Martínez Mus señaló que el PATIVEL se “ha demostrado ser obsoleto, conflictivo e ineficaz”, por lo que el POC nace como “una respuesta integral que permitirá superar el pasado y garantizar una protección real del litoral con seguridad jurídica en la que participen los ayuntamientos”.
Cala Mosca, la excepción
El plan chocó con intereses urbanísticos en municipios costeros, donde algunos consistorios y promotores defendían la continuidad de Programas de Actuación Integrada (PAI) y otros desarrollos previstos en primera línea de costa. Ese fue el caso de Cala Mosca, en Orihuela.
No era la única. En toda la Comunitat Valenciana surgieron algunas excepciones al PATIVEL, a sus limitaciones para la construcción. Sin embargo, la de Cala Mosca de Orihuela fue la más importante de la provincia de Alicante (UE‑2 / sector D‑1 Alameda del Mar de Orihuela) ya que contemplaba una urbanización de carácter residencial y turístico, con más de 1.500 nuevas viviendas (en versiones posteriores y documentación municipal se habla de unas 2.200–2.274 unidades).
El PATIVEL no desclasificó Cala Mosca, sino que la incluyó en el listado de “suelos transitorios” con programa de actuación aprobado permitiendo que siguiera siendo urbanizable siempre que se ejecutaran y finalizaran las obras de urbanización dentro del plazo 5 años fijado tras la entrada en vigor del plan.
La promotora pudo adaptar el proyecto a las exigencias ambientales con la cesión de unos 60.000 m2 para microreserva y ajustes de diseño, para iniciar las obras de urbanización que todavía no se han finalizado.
Desde la conselleria de Martínez Mus se ha prorrogado recientemente este carácter transitorio del programa urbanístico para que no se vea afectado por el nuevo Plan de Ordenación Costera (POC).
