El Tribunal General de la UE sentencia que se debió prorrogar el mandato de Archambeau en la EUIPO

El pasado miércoles 10 de septiembre se dio a conocer una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea relativa a la controvertida decisión de no permitir la prórroga del mandato del director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, que ejerció el cargo de 2018 a 2023. Además, el fallo se refiere a la suspensión temporal de sus poderes y las reclamaciones por daños materiales y morales que el exdirector ejecutivo belga planteó ante los juzgados.

La sentencia del tribunal europeo puede tener consecuencias para la actual dirección de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con sede en Alicante, ya que cuestiona el modo en que ésta llegó a la cúspide del organismo internacional por la no prórroga del director anterior.

Además, condena  el Consejo de la Unión Europea en Bruselasa deberá pagarle 25.000 euros en concepto de indemnización junto con los intereses de demora desde la fecha del presente fallo hasta la fecha de pago total, al tipo aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a sus principales operaciones de refinanciación vigente el primer día del mes en que corresponda el pago, incrementado en tres puntos y medio porcentuales.

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Desde la EUIPO aseuran que "el fallo del Tribunal no afecta a la decisión del Consejo de la UE del 19 de julio de 2023 por la que se nombra al actual Director Ejecutivo de la EUIPO. Dicho nombramiento sigue siendo válido y definitivo como mencionado clara y explícitamente en la sentencia".

También condena a la República de Letonia, la República de Polonia, la República Portuguesa y la República Eslovaca a sufragar sus propias costas ya que formaron parte de la decisión de no permitir la renovación del director ejecutivo belga al frente de la oficina europea de Alicante. No en vano, el actual director ejecutivo João Negrão es portugués y su adjunta, Edyta Demby-Siwek, es polaca.

También desde la oficina europea matizan: "la sentencia no menciona" que estos paíeses "formaran parte de la decisión sobre la renovación (esta decisión se toma por voto secreto)".

El fallo, muy extenso, ofrece detalles relevantes sobre cómo funciona el proceso de extensión del mandato laboral para altos cargos en organismos de la Unión Europea, en este caso, el director ejecutivo de la EUIPO. Y es que, según fuentes cercanas a la oficina europea, Archambeau tenía derecho a una prórroga y así se le planteó por el Consejo de Administración en un primer momento, Y luego éste cambió de opinión.

Primero, el Consejo de Administración del organismo realiza una evaluación del desempeño del directivo cesante y de las necesidades futuras de la organización. Esta evaluación se remite al Consejo de la Unión Europea como recomendación o valoración, pero no vincula al Consejo. La decisión final recae en el Consejo de la UE, que adopta, teniendo en cuenta la evaluación del Consejo de Administración, una resolución sobre si prorrogar o no el mandato del director ejecutivo.

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El Tribunal determina que el afectado tiene derecho a ser oído antes de que se adopte cualquier decisión que le resulte desfavorable, incluso aunque la normativa específica no lo prevea expresamente. Lo que implica poder manifestar alegaciones, tanto orales como escritas, en relación con todos los elementos utilizados para decidir.

La sentencia afirma que no se le dio adecuadamente audiencia al demandante antes de la decisión de no prorrogar su mandato como director ejecutivo. Cuando no se garantiza el derecho a ser oído y otras garantías procedimentales en el proceso de extensión de mandato, la decisión de no renovación puede ser anulada por los tribunales y dar lugar al pago de indemnizaciones por pérdida de oportunidad, como ha sido en este caso.

EUIPO ha ejercido su derecho de rectificación sobre este artículo.