Vistas ciudad de Alicante
Un asesor inmobiliario da las claves para protegerse de la okupación: "Sin medidas, esto irá a peor"
Más de 270 viviendas ocupadas ilegalmente están a la venta en la provincia de Alicante, con la comarca de la Vega Baja como principal perjudicada, con 104.
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Las denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas en España aumentaron un 7,4% en 2024, alcanzando un total de 16.426 casos, según datos del Ministerio del Interior. Las comunidades con mayor incidencia fueron Cataluña (7.009 denuncias), Andalucía (2.207) y la Comunitat Valenciana (1.767).
En este contexto, es importante distinguir entre okupación e inquiokupación. Mientras que la primera hace referencia a la entrada ilegal en una vivienda, la segunda ocurre cuando se alquila una vivienda con intención de no pagar las rentas después, dejando al propietario en una situación de vulnerabilidad.
El portal inmobiliario Idealista ofrece una radiografía detallada de esta realidad. En la provincia de Alicante, actualmente hay 276 viviendas señaladas como ocupadas ilegalmente, frente a un total de 49.668 anuncios activos. Aunque el porcentaje es bajo, el impacto local es significativo, especialmente en ciertas comarcas.
El desglose de viviendas ocupadas ilegalmente por comarcas en la provincia de Alicante es el siguiente: Alt Vinalopó registra 13 casos; Baix Segura, 104; Baix Vinalopó, 18; Comtat, 2; L'Alacantí, 63; L'Alcoià, 4; Marina Alta, 9; Marina Baixa, 14; y Vinalopó Mitjà, 49
Dentro de la Vega Baja, la distribución es especialmente llamativa: Benferri-Callosa suma 20 viviendas, Orihuela 23 y Torrevieja 25.
Por su parte, la ciudad de Alicante cuenta con 53 viviendas ocupadas ilegalmente que están en venta.
"Un negocio"
Julián de la Peña, presidente de la Agrupación de Agencias Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal), describe la situación con preocupación y firmeza. “Algo que es un delito debería de estar tratado como delito”, subraya, comparando este mercado paralelo con “comprar joyas robadas” en internet. “No debería normalizarse en una sociedad civilizada”, sentencia.
Para De la Peña, la okupación ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en “un negocio organizado”.
“Esto ya es una mafia”, afirma, destacando que, en su experiencia, “los okupas negocian su salida de una vivienda mientras ya han ocupado otra”.
Reconoce que existen casos de “necesidad imperiosa”, como jubilados con pensiones bajas o familias sin recursos, pero insiste en que en los últimos años “se ha convertido en un negocio”.
El presidente de Inmoadal señala directamente a la normativa actual como parte del problema: “Mientras no se pongan medidas correctoras, esto seguirá creciendo”.
Critica que las leyes vigentes otorgan demasiados “derechos” a los okupas, fortaleciendo su posición frente a los propietarios. Como contraste, cita el modelo italiano, donde la ocupación es un delito penal con penas de entre 2 y 7 años, y muchos desalojos se efectúan en menos de 30 días
Propuestas para revertir el caos
Julián de la Peña propone una batería de medidas para animar a los propietarios a volver a poner sus viviendas en alquiler.
En primer lugar, aboga por garantizar la recuperación de la propiedad en un plazo máximo de tres meses.
Otra de sus propuestas es eliminar la carga de prueba que actualmente recae sobre el propietario, que se ve obligado a demostrar que el ocupante representa un riesgo para poder iniciar el proceso de desalojo.
También plantea bonificar el alquiler mediante incentivos fiscales, como la reducción del IBI, de manera que resulte más atractivo alquilar en lugar de dejar el inmueble vacío.
Por último, sugiere que las administraciones públicas, -ya sea el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el Gobierno central-, actúen como avalistas del inquilino, garantizando el pago al propietario en caso de impago.
Estas medidas, asegura, contribuirían a aumentar la oferta y estabilizar el mercado del alquiler
